¿Resolver hoy a costa del futuro?
El dilema de la minería en Guatemala

                                 diálogo No. 39, versión electrónica                        

Minería: ¿Son posibles los puntos de encuentro?

En los meses recientes, el tema de la exploración y explotación minera, tradicionalmente poco relevante en los últimos años en Guatemala, ha cobrado notoriedad dentro de la opinión pública, hasta el punto de generar un verdadero debate.

      Quienes están a favor de la explotación minera rescatan el tema, por su importancia para la economía, pues en su opinión, ésta actividad se traduce en inversión de capital, creación de fuentes de trabajo, mejoramiento de infraestructura para las comunidades e ingresos para las entidades públicas relacionadas con tal actividad extractiva. Por su parte, quienes la adversan afirman que las variables mencionadas son mitos derivados de la temporalidad de la producción y que, por el contrario, provoca uso desmesurado de agua, erosión de suelos, peligro de contaminación por insumos altamente tóxicos y, en consecuencia, un daño irreversible de los recursos naturales.

     La problemática ambiental derivada de actividades productivas supera el tema de la minería. Es necesario recordar que el problema del desarrollo en Guatemala pone en juego variables económicas, políticas, sociales, ambientales y étnicas que justifican la conveniencia de alcanzar acuerdos entre diversos grupos sociales, sobre todo después de la crisis de los regímenes autoritarios y de la afirmación de los principios de participación social en la Constitución Política y en otras leyes del país.

      Así, la discusión sobre las opciones para el desarrollo requiere la presencia de instituciones públicas, comunidades, organizaciones sociales, centros académicos y mercado.

      En el tema minero, hay vacíos en la legislación que deben corregirse: obtener el uno por ciento de las regalías por la extracción de metales, repartido entre el municipio y otros entes estatales, aparece como anacrónico para financiar una estrategia de desarrollo a largo plazo. Por otra parte, es muy limitada la capacidad operativa del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para el monitoreo de los impactos ambiéntales. Al no contar dicha cartera con un presupuesto razonable para sus actividades, queda relegada a un plano puramente normativo. Paralelo a ello, en las temáticas de ambiente, recursos naturales y biodiversidad el Estado guatemalteco no presenta posturas unificadas, necesarias en casos como el que nos ocupa (falta unificación de criterios entre el MAGA, MARN, INAB y SEGEPLAN, por ejemplo).

      El punto de acercamiento entre las posiciones que favorecen la actividad minera y quienes se oponen a ella parecería ser el de mantener o

garantizar el máximo de aspectos positivos desde el punto de vista económico yproductivo, con el mínimo de riesgos ambientales. ¿Es esto posible y en su caso cómo? ¿Hasta dónde es dable mantener la rentabilidad de una inversión, aceptando las restricciones derivadas de la lógica de la protección y conservación de los recursos naturales? ¿Qué modelos de racionalidad económica y qué procesos extractivos pueden ser lo suficientemente "amistosos" con la naturaleza, para mantener dentro de límites socialmente aceptables los riesgos que toda actividad productiva genera? Resulta claro, también, que esta situación se produce en el marco de una economía globalizada, en la que no es precisamente equitativa la correlación de fuerzas entre poderosas empresas multinacionales y pequeños y débiles Estados.

Las señaladas son algunas de las preguntas, cuyas respuestas se esperaría que abonaran el terreno del acuerdo entre los intereses en juego en este tema, tan controversial en los últimos meses en Guatemala y al que este diálogo pretende contribuir.

Además de las dos posiciones anteriores, es necesario considerar una tercera: la de los pueblos indígenas en Guatemala. En al menos dos instrumentos aparecen disposiciones sobre la consulta a los pueblos indígenas en relación con sus propias prioridades de desarrollo (artículo 6, 1ª Artículo 7, 1. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT). Otra norma similar aparece en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en cuanto a la opinión de las comunidades indígenas previa realización de cualquier proyecto de explotación de recursos naturales, que pueda afectar la subsistencia y modo de vida de tales comunidades (IFG iii, AIDPI).

El diálogo que se ofrece a los y las lectoras no aborda en forma específica el tema de los pueblos indígenas. Recoge en dos artículos, sin embargo, razonamientos de quienes están a favor y en contra de la explotación minera. El primero, preparado por tres profesionales ligados al Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas, CESEM, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC (losingenieros Omar Flores Beltetón, Carla Gordillo y Julio R. Luna, con estudios de postgrado en minería). El segundo, elaborado por el arquiteco Jorge Cabrera, con estudios sobre ecología, postgrado en evaluación de impacto ambiental en la Universidad de Aberde, Esocia, Universidad Nacional de México y Brasil, y ex comisionado presidencial para la protección al medio ambiente (1984-1989).

El interés de incrementar la actividad minera carece de lógica...

(Jorge Cabrera)

Steve Dinnino

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