¿Resolver hoy a costa del futuro?
El dilema de la minería en Guatemala

                                   diálogo No. 39, versión electrónica                         

Implicaciones ambientales, políticas y sociales

Implicaciones ambientales

Es importante recordar que toda actividad económica, que busque la producción de bienes y servicios para la satisfacción de Necesidades humanas, tendrá impactos sobre los ecosistemas sin excepción. Así, la agricultura que provee de alimentos ha provocado reducción de la cubierta vegetal y contaminación por uso de agroquímicos. No obstante, la superficie de área en uso y la degradación del suelo son significativamente mayores en la agricultura, si se les compara con las áreas ocupadas por las explotaciones mineras, que no llegan a sobrepasar medio kilómetro cuadrado (lo que representa el 1.1% de todo el territorio nacional, incluyendo las cuatrocientas licencias que actualmente se han emitido a través del Ministerio de Energía y Minas). Naturalmente, la minería tiene implicaciones ambientales y éstas dependerán del tipo de mineral a explotar; es decir, si es no metálico (arcillas, carbonatos, caolín, asbestos, esquistos, jadeita, mármol) o metálico (oro, plata, níquel, cobre, plomo, zinc). Es posible minimizar el impacto sobre el ambiente con el desarrollo de la tecnología, de políticas bien encauzadas y de un permanente monitoreo y vigilancia, . La tecnología así como la investigación han avanzado en este campo y es necesario establecer indicadores ambientales de sustentabilidad para el sector, de los que ya se tienen experiencias en Iberoamérica por medio de proyectos como el de Ciencia y Tecnología para Iberoamérica CYTED (Villas Boas R. 2002).

En cuanto al manejo del cianuro, existe el Instituto Internacional para el Manejo del Cianuro (UNEP, 2002) y el mismo sistema de Naciones Unidas, a través de su Programa del Medio Ambiente, ha establecido políticas para el cierre adecuado de las minas y ha adaptado la metodología APELL -Awareness and preparedness for emergencias at local level- (Concienciación y preparación para emergencias a nivel local para la minería (PNUMA, 2004).

Adicionalmente a lo indicado arriba, otras opciones consideran el uso de normas ambientales ISO14000 y certificaciones internacionales, así como sistemas de ecoetiquetado, códigos de conducta y esquemas de auditorías ambientales. Esto requiere de recursos económicos así como de capacitación y entrenamiento de personal. Es aquí en donde las universidades deben jugar un papel primordial, tanto en la formación de recursos humanos, como en el monitoreo de dichos proyectos y en el resultado de sus investigaciones, ya que sin la generación de esta mínima información básica para la toma de decisiones y encauzamiento de los proyectos, se corre el riesgo de manipulación social y política intencionada y tendenciosa.

Es comprensible la escasez de ese staff de personal capacitado en Guatemala. Son pocos los ingenieros y geólogos mineros, ya que nunca ha existido una cultura minera en el país. La mano de obra requerida por este sector de la economía no ha pasado de lo artesanal y empírico. Este es también un desafío para la ingeniería nacional: demostrar que se tiene capacidad y recursos humanos para absorber nuevas tecnologías y condiciones para hacer bien las cosas. Todo ello constituye un reto.

En cuanto a otros retos derivados de la protección del ambiente, deben señalarse: controles directos, elaboración y aplicación de planes integrales de explotación y rehabilitación ambiental, explotación racional del recurso, cuidado para evitar que se produzcan accidentes y desastres en zonas de explotación y, cuando el yacimiento llega al fin de su explotación, verificación de un adecuado programa de cierre de la mina que contemple la restauración de la flora y la fauna en los alrededores, así como la generación de actividades económicas para  a población local, cuando ya no se cuente con ingresos por parte de la actividad minera.

Implicaciones políticas

Las actividades que generan ingresos económicos y que se espera que produzcan beneficios colectivos están reguladas en mayor o menor medida por el Estado, que es además el ente que las impulsa o desestimula, según los casos, a través de las políticas públicas que define. En Guatemala, la actividad minera no ha constituido un reglón significativo de economía. En parte, ello deriva del escaso conocimiento sobre el potencial minero de que se disponía a nivel de minerales metálicos. No fue si no hasta el período 1996-2000, que se decidió estimular la inversión extranjera para este sector.

En el caso de la minería metálica, la zona de San Marcos puede decirse que presenta una alternativa para una región con pobreza extrema, de acuerdo con estudios realizados por SEGEPLAN (2001) región poco atractiva para otras actividades productivas. Se presenta entonces la oportunidad para que dicha región pueda beneficiarse con fuentes de trabajo que de otra manera no podría disfrutar y con el desarrollo de infraestructura, vivienda, carreteras, puentes, tendido eléctrico y comunicaciones, así como mejoras en la educación y la salud. El Estado se vería beneficiado con el aumento de sus ingresos así como la municipalidad local, aunque de una manera temporal. Por ello, debe hacer un uso óptimo de tales ingresos mientras dure la explotación del recurso, el cual tiene una duración finita y procurar crear programas en la región para cuando este ya no se tenga,   se hayan desarrollado capacidades de subsistir. 

Será importante, entonceS expandir otros sectores de la producción paralelos a la minería. Por otra parte, no debe permitirse que los recursos de que se dispone sirvan al enriquecimiento de unos pocos y que las menos beneficiadas sean las comunidades locales, como ha sido común con otros activos del Estado. Si bien esto podría parecer utópico e ideal, es aquí en donde la participación ciudadana debe entrar a jugar un papel primordial para que los beneficios obtenidos por la explotación del recurso se traduzcan en beneficio reales para las comunidades locales y la sociedad guatemalteca. En tal sentido, el Estado debe crear las condiciones necesarias a través de un marco regulatorio y definir políticas económicas, ambientales y laborales, para la adecuada explotación del recurso, así como velar por el cumplimiento de acuerdos y convenios internacionales que haya suscrito y que estén relacionados con la actividad minera.

 Dentro del contexto indicado, el gobierno de la República deberá presentar una política que garantice la transparencia en las actividades que emprenda y el acceso a las decisiones e información por parte de la sociedad civil, principalmente de la comunidad afectada. Naturalmente, el desarrollo de dicha actividad implicará compromisos y transacciones, así como conflictos entre las prioridades globales y locales, por lo que será necesario crear un equilibrio entre las necesidades a largo plazo y los imperativos a corto plazo, así como procurar el mínimo daño ambiental a cambio de beneficios sociales y económicos.

Implicaciones sociales

 Las implicaciones sociales de la minería abarcan una gama de problemas que van desde la satisfacción social de las necesidades hasta la serie de conflictos gobierno-empresascomunidades, que incluyen tenencia de la tierra, uso de la misma, relocalización de poblaciones, prioridades en cuanto a la concepción del desarrollo local, impactos ambientales, pluriculturismo y carencia de equidad. En este sentido, debe tomarse en cuenta que, sin contar con experiencia en el desarrollo de la minería, en Guatemala ya existe una variedad de problemas sociales aún no resueltos (tenencia de la tierra, luchas ideológicas, salubridad, marginamiento, discriminación, distribución de la riqueza, analfabetismo, corrupción, falta de transparencia, etcétera) ligados a la debilidad de políticas adecuadas, coherentes y mantenidas en el largo plazo.

Seguramente se empezará a vivir en Guatemala mucha de la experiencia vivida en cuanto a la explotación de los recursos naturales en Sudamérica, como en Perú, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. Existen experiencias negativas pero también ejemplos positivos, como la creación de un fondo para la sustentabilidad (UNEP, 2003).

Dentro de los aspectos sociales a considerar como parte de este tipo de  implicaciones, deben mencionarse las referentes a los derechos de las comunidades  la importancia de que ellas participen en la toma de decisiones. Para que esto suceda en forma fundamentada, es necesario que las mismas tengan acceso a la información, la que debe ser clara, transparente, objetiva y balanceada. Ello evitará su manipulación. Este proceso de información responsable debe realizarse durante todas las etapas del ciclo de vida de la mina, añadido a la existencia de un marco jurídico adecuado para evitar el surgimiento de conflictos.

El interés de incrementar la actividad minera carece de lógica...

(Jorge Cabrera)

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