¿Resolver hoy a costa del futuro?
El dilema de la minería en Guatemala

                                   diálogo No. 39, versión electrónica                         

El interés de incrementar la actividad minera carece de lógica...

Jorge Cabrera

Existen posiciones encontradas sobre la minería, en especial la de metales a cielo abierto. Por una parte, la versión oficial y la de las entidades interesadas en que esta actividad se constituya en uno de los motores del desarrollo económico del país. Por la otra, la de comunidades y colectivos sociales que han manifestado abiertamente su rechazo por los impactos sociales, políticos, ambientales y por otros aspectos que afectan la seguridad y la tranquilidad de las poblaciones, en los lugares donde se pretende desarrollarla. Los puntos del debate En materia económica, el debate considera la inversión extranjera, la generación de fuentes de trabajo y los beneficios económicos más directos. Esto se ha discutido aún en el Congreso de la República, pues hay serias dudas sobre la relación costo-beneficio: según la Ley de Minería vigente, corresponde al Estado únicamente el 1% de las regalías, el cual se divide en 0.5 para las municipalidades del área de la extracción de minerales y el otro 0.5, para fondos gubernamentales. Adicionalmente, se ha cuestionado, con fundamento, que la generación de fuentes de empleo tampoco constituye un beneficio sustantivo para las comunidades, ya que según la información contenida en documentos del Estudio de evaluación de impacto ambiental, EIA, no pasa de doscientos puestos de trabajo. Según constatamos directamente en Sipakapa, San Marcos, muchos de los empleados actuales son salvadoreños u hondureños; y el trabajo de la población local podría tener algún impacto significativo únicamente en la primera fase de la explotación. Adicional a lo anterior, y en base a experiencias de otros países (Guanacocha en Perú, Tambor Grande y Esquel en Argentina) se han identificado incrementos en los precios de la tierra, del agua y del costo de vida enáreas de índices de pobreza muy elevados, como son San Marcos, Izabal, Chiquimula y otras regiones en las que se pretende impulsar la minería de metales a cielo abierto. Preocupan también los impactos ambientales sobre el agua (cantidad y calidad), la destrucción de ecosistemas y otros efectos colaterales de menor impacto. Los impactos ambientales más negativos son sobre el agua: las enormes cantidades que utilizan estas empresas para los procesos de hidrometalurgia generan serios desbalances en los sistemas hídricos, así como efectos de contaminación por metales pesados y derivados del uso del cianuro y otros químicos. Hay que considerar también los residuos de los "depósitos de colas" (su degradación excede la presencia de la mina: doce o quince años y hay procesos de este tipo que pueden tomar cientos de años), así como qué sucede con estos depósitos cuando las compañías se retiran, y si se produce algún derrame por diferentes causas... Igualmente generan contaminación los materiales de desecho que no son utilizados y que han sido removidos de la montaña (ejemplo de contaminación con arsénico en Honduras), pudiendo contener metales pesados que por efecto de la erosión del agua y del aire, terminan en cauces de ríos y mantos subterráneos de agua. l interés de incrementar la actividad minera en Guatemala carece de lógica frente a la agroforestería, la producción orgánica, los textiles, el turismo y otras industrias que traen mayores beneficios al país y son de naturaleza más distributiva y amigable con el ambiente. La minería, que se ha convertido casi en obsesión para algunas autoridades gubernamentales, es un tema impuesto en el que no se han manejado con transparencia los aspectos relacionados con la consulta y participación de las comunidades que pueden verse afectadas por este tipo de actividades. Si el gobierno de la República hubiera utilizado estos mecanismos de consulta en forma transparente, no se estaría viviendo la situación actual y las tendencias hacia conflictos crecientes. Y si las autoridades realmente hubieran querido ayudar a estas poblaciones marginadas, al menos les hubieran preguntado cuáles son sus aspiraciones; como ellos bien lo han dicho más de una vez, tienen muchas, pero no son las que les está imponiendo el gobierno. El rechazo a la actividad minera es un elemento generalizado entre las poblaciones indígenas y campesinas, lo

que quedó bastante evidenciado en la encuesta que publicó Prensa Libre en octubre del 2004 (más del 90% de las personas consultadas rechazaba abiertamente esta actividad) y otras manifestaciones públicas realizadas en fechas recientes, tanto en la ciudad capital como en el interior del país. El desarrollo de un país se construye con la gente, respetando sus aspiraciones, patrones culturales y modos de vida, no abrazando ciegamente el fomento a la inversión extranjera que beneficia mucho a pocos, busca rentabilidad con visión de corto plazo para luego desaparecer, dejando, en el caso de la minería de metales a cielo abierto, áreas desoladas y materiales tóxicos por largos periodos y en muchos casos mayores índices de pobreza y deterioro de la calidad de vida.

Los foros de discusión
En los primeros días de diciembre se llevaron a cabo distintas actividades relacionadas con el tema minero, dentro de las que cabe destacar al menos tres: el Foro Nacional de Minería (llamado foro oficial), el Foro Alternativo y el Congreso Nacional Maya sobre Minería. La síntesis de las conclusiones de estos foros se vuelve a resumir en dos posiciones encontradas. Una, la del foro oficial, que busca justificar el desarrollo minero haciendo algunas modificaciones ("cosméticas") con tal de fomentar la mal llamada "minería sostenible" o "minería limpia", que no es factible a criterio de algunos expertos internacionales (como el doctor Robert Moran) y de experiencias internacionales como las ya mencionadas. Las conclusiones del foro oficial incluyen: el fortalecimiento institucional de las capacidades del Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), reformas a la Ley de Minería (sin citar cuáles) reglamentar el Convenio 169 en temas de participación de pueblos indígenas, coherencia entre las reformas a la Ley de Minería y la legislación de descentralización y el Código Municipal, inclusión del delito minero, diálogo y consulta (incluso estableciendo consejos consultivos permanentes), fiscalización ambiental y auditoria social, creación de cooperativas mineras e información y
formación en minería a las comunidades,
dando como un hecho que esta actividad va.

Paralelamente, las principales conclusiones del Foro Alternativo y del Congreso Maya incluyen: el rechazo categórico a las licencias de exploración y explotación minera otorgadas sin consentimiento de las comunidades; el respeto a la identidad, territorio y derechos de los pueblos indígenas; la adopción de mecanismos transparentes de consulta con las comunidades antes de realizar cualquier actividad; la derogación de la actual Ley de Minería; el resarcimiento de los daños causados a la "madre naturaleza" en las comunidades que ya han sido afectadas y el rechazo al foro nacional de minería; solicitudes especificas a los alcaldes para que sus posiciones estén del lado de la población; cumplimiento de lo establecido en el Código Municipal y respeto a la autonomía del municipio; solicitud de retiro a mineras y a la comunidad internacional; y solidaridad con los pueblos indígenas. 

    ¿Qué ofrece este panorama? Simplemente un camino a la discordia y a la polarización, lo que en un ámbito más amplio incluye las negociaciones de los tratados de libre comercio orientados a fortalecer un modelo de desarrollo centrado en lo económico y que deja de lado los temas de mayor interés social y ambiental. Estos temas son tratados en el marco de estas negociaciones como acuerdos paralelos, en los que las condiciones humanas y la calidad ambiental de los que depende la vida, pasan a un plano irrelevante y lo que se buscan, al menos en materia ambiental, es mejorar la capacidad de las instituciones para ejercer controles más eficientes, pero dentro de un modelo que lo que fomenta es el consumo y no el mejoramiento de la calidad de vida.

El interés de incrementar la actividad minera carece de lógica...

(Jorge Cabrera)

Randy South

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