La transición democrática desde la óptica electoral Abril 2005      diálogo No. 40, versión electrónica

◙	Portada	Para entender la transición política Uno de los temas fundamentales que han ocupado el interés de los académicos en América Latina es el arraigo y fortaleza de los regímenes democráticos que, durante la década de los años ochenta, se unieron a lo que Samuel Huntington llamó la tercera ola de la democracia y que han fundamentado proyectos de investigación que buscan visualizar el futuro de la democracia en la región. Es dentro de esa perspectiva que, en el presente trabajo, se esbozan algunas ideas discutidas en el seno del Programa de Investigación Sociopolítica de FLACSO-Guatemala, con las que se pretende presentar algunas sugerencias teóricas que permitan desentrañar la fortaleza y calidad de la democracia en Guatemala, poniendo especial énfasis en el papel central de las instituciones en la actual coyuntura política. Sobre la importancia real de los procesos electorales En Guatemala, parece existir una visión muy arraigada respecto que la democracia liberal es un simple relevo de mando, y que no implica el traspaso del poder efectivo; por lo tanto, que se trata de una práctica meramente formal que no garantiza lo que algunos llamarían la "democracia real" o el pleno goce de los derechos ciudadanos y la adecuada respuesta del Estado a las enormes necesidades de la población. Refuerzan lo anterior ciertos resultados de la encuesta de FLACSO-Guatemala, realizada en enero de 2005 y publicada en el diálogo No. 38. Por ejemplo, a la pregunta está de acuerdo con la frase: en Guatemala todos estamos muy bien con la democracia en que vivimos, apenas 21 % de los encuestados expresó estar en algún grado de acuerdo con tal afirmación. Datos similares reporta el Latinobarómetro^1respecto de Guatemala, ya que en 2004, sólo 35% de los entrevistados se manifestaba a favor de la democracia como forma de gobierno y apenas 21% decía sentirse satisfecho con el régimen democrático. En este mismo informe, 64% de los entrevistados pensaba que el país se gobierna bajo el interés de los poderosos, 54% sostenía que votar era importante porque podría representar un cambio en el futuro, pero escasamente 12% confiaba en los partidos políticos. Estos datos arrojan alguna luz sobre la importancia real de los procesos electorales y la participación política, ya que el aspecto central de esta insatisfacción hacia la democracia podría provenir de que la misma se reduce a simples métodos para definir los titulares del sistema político y dejara intactos los mecanismos informales que construyen la verdadera autoridad: el poder paralelo, tan relevante en Guatemala. Formalmente se tendría democracia: elecciones periódicas, imperio de la ley , funcionamiento de partidos políticos e instituciones reconocidas en leyes; pero, en la práctica, todo ese andamiaje institucional estaría atravesado por lo que Raffaele De Georgi llama redes de inclusión (De Georgi, 1998: 9-10). Se trataría de redes de poder que se revisten de un ropaje legal para esconder prácticas alternativas del Derecho y negociaciones ocultas, en las que opera el secreto y la inclusión reducida como elementos clave para mantener el poder en pocas manos. De Georgi las describe así: Estas estructuras son visibles, son organizadas, utilizan el reconocimiento jurídico, pero se imponen a sí mismas prácticas alternativas al Derecho, maltratan al Derecho, evidencian otros recorridos del poder que son alternativos a los recorridos del poder que se realizan a través del Derecho porque son controlados por el Derecho. (…) Hemos llamado a estas estructuras normativas, que son de carácter alternativo, pero al mismo tiempo integrativo del Derecho, redes de la inclusión. (De Georgi, 1998: 9-10). Esta visión negativa de la democracia liberal representaría una verdad a medias:  los procesos electorales, efectivamente, son insuficientes para garantizar la democracia; sin embargo, son el primer piso sobre el que se construye el resto de lo que Norberto Bobbio llamó las promesas incumplidas de la democracia (Bobbio, 1994: 41). Esta percepción sobre las elecciones se complementa con una visión también crítica de la función que cumplen los partidos y los dirigentes políticos, ya que se mantiene una percepción de que los profesionales de la política no han sabido representar ni canalizar las demandas de la sociedad, sino que han utilizado los mecanismos y las instancias de la democracia para favorecer intereses particulares y minoritarios. Prevalece una mala imagen de los políticos, de las instituciones partidarias y de las contiendas electorales. Como lo señala la teoría institucional, el problema de la deslegitimación de la actividad política es que favorece una permanente contradicción que se establece en el corazón del sistema político: un divorcio entre las reglas formales –las leyes, primordialmente– y los arreglos informales –la corrupción y el cacicazgo, por ejemplo–, lo que determina	una permanente y sistemática debilidad de regulación de las instituciones en general, situación que es descrita por Guillermo O'Donnell como un colosal dilema del prisionero. (O'Donnell, en Carbonell, Orozco y Vásquez; 2002: 257). Es en este ámbito, en el que se desconfía de los partidos políticos y en el que todavía no se cree en la democracia liberal, en el que se ubican los dilemas de la democracia guatemalteca. En efecto, parece existir un contexto adverso para la actividad política, con el agravante de que la mayoría de la población vive en situación de pobreza; existe la necesidad de profundizar la democracia, pero este imperativo se inserta en un contexto caracterizado por profundas desigualdades: América Latina ofrece la singularidad de la cohabitación de las libertades políticas con las severas privaciones materiales de muchos. Democracia y riqueza, democracia y pobreza son dos combinaciones que generan necesidades, dificultades y riesgos diferentes (PNUD, 2004: 36). Como han señalado los teóricos de la democracia, la sistemática desigualdad y las carencias postergadas ejercen una presión adicional sobre la, de por sí, incierta democracia. La teoría política ha demostrado que la negociación y el consenso tienen un costo de transacción, lo que hace que el tema de la eficacia no sea el fuerte de la democracia: nosiempre se tienen los resultados esperados o éstos no llegan con la rapidez que todos quisieran; máxime, cuando prevalece una situación de extrema polarización, que dificulta grandemente el proceso de búsqueda de acuerdos, multiplicando al infinito los costos de transacción de cada negociación. ¿Cómo desarrollar, en un contexto tan fragmentado e incierto, el estudio de lademocracia como forma de gobierno? ¿cómo evaluar casi veinte años de transición democrática desde la llegada del primer gobierno civil como producto de reglas electorales que, ya entonces, garantizaban la autenticidad de la competencia electoral? Y lo que es más importante, ¿cómo establecer parámetros para afirmar o rechazar la creencia de que Guatemala se encamina hacia la consolidación democrática? Si los procesos de consolidación democrática se caracterizan por la aceptación de todos los actores de las reglas formales que rigen la vida política de una sociedad, la transición guatemalteca no puede considerarse aún consolidada, pues la lucha política parece no transitar del todo por los caminos de las normas legales. Por el contrario, lo que caracteriza nuestro sistema político es el predominio de mecanismos informales, que sistemáticamente desestructuran y socavan la institucionalidad formal del Estado, aunque con la peculiaridad de que se revisten del andamiaje legal. Es esta la conceptualización de redes de inclusión de De Georgi. Por tanto, la investigación debe proponerse dar cuenta, sistemática y académicamente, de lo que muchos autores han repetido a lo largo de muchos años en Guatemala (y, en mayor o menor medida, en México y otros países de Latinoamérica) acerca de las democracias –o poliarquías, según la conceptualización de Dahl– poco institucionalizadas, en las que la regla es la excepción y la excepción es la regla. Es la historia de reiterados y fallidos intentos por consolidar un tipo de Estado y de orden público, basado, según Fernando Escalante, en un modelo inexistente de virtudes cívicas, que para este autor, es la base de todos los problemas (Escalante, 2002: 53). Por ello, no extrañan los repetidos programas de modernización y fortalecimiento estatal que lo único que producen es más desaliento, al comprobar, una y otra vez, la distancia entre lo formal y lo informal. La presuposición es que todos los intentos que se centran únicamente en la promulgación de leyes, están fundamentalmente mal enfocadas, precisamente, porque no tienen en cuenta el imaginario colectivo de la sociedad guatemalteca, que considera al Estado más como un depredador y un potencial enemigo, que como un aliado. Es por ello que los intentos por democratizar a los partidos políticos se enfrentan repetidamente con fracasos sonoros: la gente desconfía de la política y de los políticos y, por lo tanto, no se sitúa frente al sistema político como ciudadano, sino como adversario que lucha por obtener lo más que pueda, intentando limitar, controlar y obtener garantías de que no se le va a engañar o, simplemente, utilizar. La reciente lucha entre un sector de organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno en torno al TLC y el cariz de desconfianza y descalificación de los bandos, a favor y en contra respecto de dicho tratado comercial, son una buena muestra de esta situación, en la que no existe un marco de interacción institucional adecuado, que garantice la confianza, la transparencia y, por ende, la resolución pacífica de controversias.
◘	La transición democrática desde la óptica electoral Luis Fernando Mack*
◘	La fragilidad del diseño institucional de la democracia guatemalteca
◘	Para entender la democracia guatemalteca
◘	Las bases territoriales del voto en un contexto de pulverización de la oferta política y partidista
◘	Los partidos políticos en Guatemala
◘	Tejiendo reflexiones. Hacia una conclusión tentativa
◘	Construyendo la democracia desde abajo: descentralización, iniciativas locales y ciudadanía
◘	El sociólogo chileno Manuel Antonio Carretón dictó conferencia
Licenciado en sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Maestría en Ciencias sociales y doctorado en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSOMéxico. Coordinador del Programa de investigación sociopolítica de FLACSO-Guatemala. 1 Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de diecinueve mil entrevistas en dieciocho países de América Latina, representando a más de cuatrocientos millones de habitantes. El estudio es producido por la Corporación Latinobarómetro, una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile “Informe-resumen, Latinobarómetro 2004. Una década de mediciones”.
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