Un tema que todos temen: Las cárceles en Guatemala ¿Por dónde empezar?   

Nueva época, Año 4, No.42 Guatemala, agosto 2005

Un poco de historia: Pavón en manos de los propios reos:

Se sabe que en algunas cárceles guatemaltecas el control disciplinario está en manos de los propios reclusos. Si bien es cierto que se trata de un problema añejo, no es menos cierto que una de las tareas que compete a las autoridades es la recuperación de dicho control.

Es probable que muchos ciudadanos se pregunten en qué momento se cedió a los reos el control disciplinario y administrativo de las cárceles. Como ejemplo se tiene el caso de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón; se menciona por ser el centro que más cobertura ha tenido por parte de los medios de comunicación, dadas las irregularidades que salieron a luz, al divulgarse el control que ejerce el Comité de Orden y Disciplina del mismo sobre otros privados de libertad.

La Granja Pavón fue construida, como su nombre lo indica, para rehabilitar reos que tuviesen sentencia firme. La granja, ubicada en el municipio de Fraijanes, tiene tierra con vocación agrícola. Se construyó para implementar proyectos agrícolas productivos para la rehabilitación y readaptación de los reos. La idea original era altamente positiva y visionaria, al ofrecer tierra cultivable para que los privados de libertad la trabajaran y que lo producido se comercializara.

La obtención de ganancias permitiría que los reclusos contribuyeran al sostenimiento de sus familias. Los reos se mantendrían ocupados y no ociosos (como sucede en muchos casos) y se sentirían útiles y productivos. Siendo así, la redención de penas (a la que tienen derecho algunos de los privados de libertad) tenía un sentido rehabilitador y de estímulo para su reinserción social. Al egresar de la granja una vez cumplida la sentencia, se esperaba que fuesen ciudadanos dispuestos a incorporarse a la convivencia social.

Con proyectos de esta naturaleza, el sistema penitenciario cumpliría con sus funciones sustantivas: reeducar y readaptar socialmente a personas condenadas por la justicia.

El proyecto preveía entonces que dado el espacio abierto de la granja, durante el día los reos se movilizaran con libertad, fundamentalmente aquéllos que trabajaban la tierra. Por las tardes, luego del conteo por parte de las autoridades (lo que ahora hacen los mismos internos) los reclusos ingresarían a sus celdas, para reincorporarse a su trabajo al día siguiente. De ninguna manera, la propuesta original concebía que las personas privadas de libertad pudieran tener en sus manos el orden y la disciplina internos. Tales funciones
eran y deben ser responsabilidad de las autoridades del sistema penitenciario y de la granja en cuestión.

La granja se diseñó para una capacidad que no debía superar los ochocientos reclusos. Sin embargo, con el correr del tiempo y el abandono al que fue sometido el sistema penitenciario en el país, se sobresaturó la granja, que ha llegado a tener hasta mil setecientos huéspedes. Han sido enviados reos sin criterios previos de clasificación. A la sobrepoblación han contribuido algunos jueces y las propias autoridades, quienes autorizaron traslados de personas sin sentencia firme, en cantidades más allá de lo previsto. Las celdas construidas para albergar una cantidad determinada de personas se vieron desbordadas. Ello dio origen a construcciones irregulares, no planificadas ni previstas, sin normativa alguna ni control y, en la mayoría de casos, edificadas por los propios reos. Fueron los reclusos quienes, con la autorización de las autoridades, ingresaron materiales de construcción y dieron paso a estos "complejos habitacionales", apropiándose de tierra destinada originalmente a cultivos. De esta cuenta, quienes tenían más recursos podían construir mejores viviendas, las que una vez cumplida la sentencia eran vendidas a precios fijados por los mismos internos.

Las autoridades tampoco destinaron personal idóneo y suficiente para la creciente sobrepoblación de la granja. Desde el escaso personal de guardia hasta el progresivo deterioro de la malla de circunvalación, la seguridad se fue deteriorando. La limpieza tampoco fue adecuadamente atendida, lo que generó focos de contaminación y enfermedades.

A la sobrepoblación se sumó el abandono de la infraestructura, tanto de las oficinas administrativas como de la utilizada por los internos. Actualmente hay instalaciones en tal deterioro, que ya no es posible su utilización. Frente a tal estado de cosas, la entropía no se hizo esperar. Se abrieron las puertas para la comisión de ilícitos diversos en Pavón. Dan cuenta de ello las violaciones cometidas a mujeres que llegaban a visitar a sus familiares, al extremo que las cárceles se han convertido en "tierra de nadie" en donde los y las visitantes son acosados, atacados y deben pagar por el derecho de ver a sus familiares.

A raíz de estos excesos y frente a la inoperancia administrativa, nació el Comité de Orden y Disciplina, organización de internos de la granja para controlar la disciplina. Es importante anotar que constitucionalmente una persona privada de libertad no pierde su derecho a la organización, siempre y cuando ésta se someta a la normativa correspondiente. Sin embargo, como no existía reglamentación del propio sistema penitenciario para atender este tipo de problemas, el Comité se organizó y la puso en práctica, no tardando en asumirse autoritario. Entre otras medidas, aplicó el cobro obligatorio de renta y la creación de cuerpos de vigilancia para el resguardo de la seguridad de los reos. Desde el inicio garantizaba el orden aplicando castigos, que iban de menores hasta físicos y muy severos, a quienes incumplían con la normativa de convivencia. Actualmente, cualquier ciudadano que visite la granja tiene la certeza de que no será víctima de robo, abuso o irrespeto por parte de los internos, pues el Comité mantiene vigilancia y sanciona severamente.

Aparentemente los resultados podrían considerarse exitosos, en términos de que se ha erradicado sustancialmente la comisión de ilícitos y conductas nocivas en la granja; sin embargo, ésta sería una apreciación muy simplista. Estratégicamente, la vigilancia y el control de la disciplina interna es competencia exclusiva de las autoridades. No pueden justificarse los mecanismos disciplinarios implementados por el Comité, en muchos casos
violentos y violatorios a los derechos de los propios reos. Supone además, una peligrosa entrega, aparentemente voluntaria, de una función pública
que compete con exclusividad al Estado y no a los particulares. Y el precedente puede ser nefasto dentro de las antigüedades que genera la tendencia a la “privatización de lo público”.

Según algunos internos, la renta que cobra el Comité de Orden y Disciplina debe utilizarse para mantener la limpieza de la granja y hacer reparaciones, ambas responsabilidades del sistema penitenciario y no de una organización
privada. Parte de lo recaudado por el Comité se utiliza para pago de sus integrantes (presidente, vicepresidente, tesorero y personal de vigilancia) e, igualmente, para celebraciones: la fiesta del reo, etcétera.

Por parte del Comité, no existe rendición de cuentas transparente, de cara a la población reclusa que cotiza. Y, por tratarse de una estructura piramidal, vertical y autoritaria, las mayores ventajas son para la dirigencia. Varios reos se han quejado del cobro de cuotas (ordinarias y extraordinarias), del uso de estos recursos y de la negativa del Comité a dar a conocer qué salarios cobran quienes ocupan cargos de poder. Las irregularidades son obvias, pero son responsabilidad del Estado en su conjunto, producto del abandono de los distintos gobiernos en materia carcelaria, y de las autoridades del sistema penitenciario, así como de los reos. La situación descrita también afecta a aquellas personas privadas de libertad comprometidas con la reeducación y readaptación social. Vale la pena mencionar los esfuerzos que se hacen desde algunos proyectos laborales y educativos, como la Escuela de Arte Senderos de Libertad que estimula el espíritu creativo y artístico de los reos que han encontrado en el arte una forma de solidarizarse y replantearse la vida. Con la misma intención, también funcionan otros talleres laborales y educativos.

Vale la pena detenerse un poco sobre esto último. Los ciudadanos deberán enfrentarse, tarde o temprano a ex reos que han alcanzado su libertad y, sin lugar a dudas, se esperaría que estos últimos se ajusten y acojan a las normas sociales y jurídicas de la convivencia social. Habrá mayores garantías de que ello suceda si la cárcel ha reeducado y rehabilitado a las personas para su reinserción social. Por tal razón, el sentido rehabilitador de las cárceles
debe priorizarse.

Es importante señalar que la recuperación del espíritu con el cual fue construida la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, requiere una propuesta estratégica orientada en varios sentidos: uno de ellos apunta a ordenar y normar su administración. Paralelamente a ello y en correspondencia con éste, fortalecer la gestión y la administración y no sobrepasar numéricamente su capacidad.

Igualmente, es importante realizar una auditoria de la infraestructura y servicios de la granja, para verificar su estado. Tal estrategia podría implementarse paulatina y segmentadamente, para darle nuevamente a Pavón el carácter de granja de rehabilitación y, con ello, alcanzar resultados positivos en términos de la cantidad de personas rehabilitadas. Hay que anotar que estas anomalías no son exclusivas de dicho centro. En similares o peores condiciones se encuentran otras cárceles del país. Por tal razón, es urgente la aprobación de la Ley Penitenciaria, la reglamentación y normativas internas y atender la infraestructura, así como la dotación de servicios.

Primer informe de investigación 2005 del Programa de investigación sociopolítica de FLACSO-Guatemala

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