La discusión sobre la reforma electoral y de partidos políticos

Foto pag 2Las movilizaciones y protestas ocurrieron como un rayo de luz en plena oscuridad, en un país en donde, como dicen los escépticos, “no pasa nada”: la sociedad se acostumbra, las fuerzas y actores políticos se acomodan, y la sociedad olvida en medio de una avalancha de malas noticias.

Aunque hay una leve posibilidad de que los escépticos tengan razón, prefiero pensar que aun de manera incipiente y caótica, esta protesta es el inicio de algo más; el comienzo de un movimiento social que llevaría en un tiempo determinado a una situación cualitativamente diferente a la que actualmente vivimos, marcando dramáticamente un antes y un después, nuestra propia primavera democrática materializada en un movimiento similar al que ocurre en muchas partes del mundo: los indignados de Guatemala.

Un punto a favor de este optimismo es que, a pesar de que la conciencia ciudadana sobre la crisis es variada y muy dispersa, hay una demanda central en la que muchos coinciden: la exigencia de nuevas reglas electorales que favorezcan la democratización de uno de los actores que se ha identificado como parte integral de la problemática y la decadencia institucional: los partidos políticos. La cercanía con el proceso electoral y la amenaza de que alguno de los partidos altamente cuestionados, que puntean en las encuestas, sea el ganador, impulsan a muchos ciudadanos a las calles, pues se percibe que de continuar el cronograma electoral vigente, los próximos cuatro años serán un poco más de lo mismo.

Sin embargo, las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos tienen una larga historia, que comienza desde la firma de los acuerdos de paz, por lo que a la fecha, tenemos casi dos décadas de discusiones y propuestas sobre los aspectos medulares que debe contener dicha reforma electoral.

A continuación, un breve resumen del largo recorrido que nos ha llevado a la actual propuesta de reforma electoral que se encuentra en el Congreso de la República y que está a un paso de ser aprobado, ello nos servirá para valorar los avances, estancamientos y desafíos que nos quedan pendientes para alcanzar mejores reglas electorales y de partidos políticos.

Democratizando la  democracia

Foto pag 3La historia de los más de veinte años de discusión sobre la reforma electoral se puede sintetizar en la ausencia de un claro planteamiento en torno a qué resultados sociales pretenden impulsar en su conjunto, ya que la mayoría de las propuestas carecen de una visión integral, más bien tienen como objetivo resolver problemas puntuales que afectan a determinado grupo o sector, lo que frecuentemente produce planteamientos contradictorios, limitados o superficiales, tal como lo demuestra la historia de las reformas electorales aprobadas desde el 2004.

Por tanto, el gran vicio de las reformas electorales es que han puesto a competir a los actores de la sociedad civil en una frenética carrera por alcanzar el favor de los diputados y partidos con representación parlamentaria, de manera que algunas propuestas avanzan, mientras que otras son automáticamente vetadas por los operadores políticos.

Esto fue muy evidente en lo que entonces se llamó las reformas de Primera y Segunda Generación (el decreto 10-2004 y el decreto 35-2006), las cuales respondían al proceso impulsado por el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, firmado en Estocolmo, Suecia, el 7 de diciembre de 1996, el cual establecía la ruta inicial de las reformas al sistema electoral.

Para el efecto, se formó en 1997 la Comisión de Reforma Electoral, integrada por los partidos políticos representados en el Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral, que la presidía. Dicha Comisión elaboró el informe titulado: Guatemala, Paz y Democracia, que culminó con una iniciativa de ley que contemplaba las reformas consensuadas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en 1998.

Entre los temas consensuados estaban algunos que se siguen discutiendo en la actualidad, tales como:

El fortalecimiento institucional del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Registro de Ciudadanos. Que ahora se agregaría a la necesidad de la coordinación interinstitucional con el Registro Nacional de las Personas (RENAP).

Mejoras sustantivas del Proceso Electoral; tales como el perfeccionamiento de los procesos de empadronamiento, la desconcentración de las mesas de votación, el establecimiento de normas de transparencia y publicidad de los procesos de elección de candidatos y del financiamiento partidario, así como la promoción de campañas de divulgación para la construcción de ciudadanía;

Uno de los grandes vacíos fue el tema del fortalecimiento de los partidos políticos y el incentivo para promover la vida partidaria, como una forma de democratizar los procesos de designación de candidatos.

Conceptualmente, se excluyeron aspectos medulares como la necesidad de repensar el funcionamiento del Sistema Político en su conjunto, a manera de introducir temas no considerados por la Ley Electoral, como la regulación de la reelección de diputados y alcaldes, el rediseño de las circunscripciones electorales y la posibilidad de introducir circuitos uninominales, las elecciones no concurrentes para favorecer gobiernos divididos, así como el tratamiento del voto nulo deliberado como un tipo de voto válido para obligar a repetir procesos electorales, entre otros temas clave.

En general, buena parte de las reformas se han centrado en modificar las reglas específicas del proceso electoral, tal como lo demuestran las últimas reformas contenidas en la iniciativa 4783. A continuación, un breve resumen de sus novedades:

Se incluye un tema postergado en todos los procesos de reforma como es el voto en el extranjero, aunque tal inclusión obligará a realizar cambios importantes a posteriori para viabilizar su puesta en marcha.

Se regula el cambio de residencia para evitar la posibilidad de una variedad de lo que la literatura llama “Gerrymanderismo”, o la manipulación deliberada de las condiciones y los distritos electorales para favorecer el triunfo artificial de un candidato político determinado.

Se fortalecen las medidas disciplinarias con las que cuenta el TSE para controlar a los partidos políticos, aunque dichas medidas siempre serán objeto de negociación política.

Se regula de mejor manera la propaganda electoral y el control al Financiamiento Partidario, de manera que haya equidad política en el proceso electoral. Un aspecto clave de esta reforma es la forma operativa en que se implementará, ya que la experiencia internacional demuestra que estos son aspectos clave muy difíciles de controlar.

Se avanza en fortalecer la institucionalidad partidaria, aunque la propuesta de reforma dejó fuera elementos clave como la prohibición de postular candidatos en lugares donde el partido no tiene organización partidaria, la posibilidad de crear partidos distritales y la creación de un financiamiento preelectoral para la formación y el incentivo de la vida partidaria.

Se avanza en el tema de inclusión de las mujeres y los pueblos indígenas en la conformación de listados, al aprobarse el tema de cuotas obligatorias (30-70). Esta medida, sin embargo, es adversada por las organizaciones de mujeres, que luchaban por la paridad (50-50).

Otros cambios incluidos, como la regulación del número de diputados, la modificación de las condiciones que favorezca la inscripción de comités cívicos y los cambios a la forma en que se asigna la presidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se pueden considerar como “menores” en el afán de lograr la democratización del sistema.

En general, buena parte de las medidas y reformas propuestas avanzan muy poco en el empoderamiento ciudadano, la capacitación cívica y la posibilidad de promover medidas reales de auditoria social que favorezcan la rendición de cuentas electoral; es decir, el ejercicio del sufragio como castigo a los malos candidatos y formulas políticas. Para ello es indispensable combatir el vicio más grande de los procesos electorales desde 1985 a la fecha:  que la iniciativa 4783 apenas contempla la inexistencia de partidos políticos reales.

¿Qué consecuencia tiene la inexistencia de los partidos políticos? Para principiar, la imposibilidad de la rendición de cuentas ciudadana, ya que los partidos en la práctica se comportan como redes clientelares, de interés y compadrazgo, que muy fácilmente se recomponen a través del transfuguismo, haciendo que el ciudadano se vea frustrado ante la imposibilidad de ejercer el voto como mecanismo de castigo a los malos comportamientos.

El ejemplo más reciente al respecto es la debacle del Partido Patriota y el éxodo de algunas de sus figuras más conocidas, como el candidato oficialista Alejandro Sinibaldi: la inmoralidad del candidato es que hizo campaña anticipada aprovechando su puesto en el Gobierno y sus cuantiosos recursos a su alcance, pero en el momento en el que le convino, abandonó las filas del partido, dejando a la organización partidaria el pago del costo de su ambición. Luego de su renuncia, el Partido Oficial pagó una millonaria multa por campaña anticipada.

Por otra parte, el gran defecto de todas las reformas es que no promueven ni favorecen el control ciudadano al político, con nombre y apellido, que obligue a cada representante en el Congreso o funcionario Público a comprobar su trayectoria, sus logros y al cumplimiento de sus promesas electorales como un requisito indispensable para su reelección. ¿Qué rendición de cuentas efectiva existe si las sanciones se dirigen a la organización partidaria y no al candidato?

Aunque este aspecto es clave, porque la propuesta de regulación al financiamiento electoral propone prohibir el financiamiento que se recibiría por la vía la estructura partidaria, ¿cómo se controlarían los financiamientos directos al candidato y las campañas anticipadas encubiertas, disfrazadas de fundaciones ciudadanas o campañas cívico-electorales?, ¿cómo se castigaría efectivamente el transfuguismo?

La inexistencia de partidos también afecta la vida partidaria, ya que las reglas vigentes favorecen el dominio por parte de redes familiares y de amigos, comandados por el gran caudillo o dueño del partido, haciendo prácticamente imposible el control ciudadano de los procesos de elección interna. En ese contexto, promover medidas de inclusión como las cuotas o la paridad sería insuficiente, porque tal proceso seguirá siendo designado por la cúpula partidaria, sin posibilidad real de alterar las prácticas viciadas y corruptas que prevalecen en la vida partidaria.

En síntesis, la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (que está lista para aprobarse en el Congreso de la República y que contiene algunos avances y virtudes), sigue siendo un paliativo para un modelo que ya demostró ser caduco. En las actuales circunstancias, sin embargo, el pragmatismo político debería prevalecer, ya que como han dicho diversas voces autorizadas: “lo peor que podría pasar en estos momentos es que no pase nada”. Aprovechar la coyuntura para avanzar en la democratización de la democracia es una medida sana, pero con la condición de que se sepa que éste es apenas un primer paso de una larga lista de temas pendientes a discutir; incluso, que tal discusión pasa por otros problemas que no se resuelven solo con una reforma electoral.

Generar la conciencia ciudadana de que debemos impulsar un proceso permanente de diálogo y de cambios graduales que favorezcan abordar la complejidad de los problemas que nos aquejan es, por tanto, un requisito indispensable para orientar las movilizaciones de la protesta #RenunciaYa hacia un movimiento que transforme efectivamente el sistema político guatemalteco: ¡El futuro está en nuestras manos!

  1 Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, 1996, Sección III, Arts. 1 al 21.

 

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