Antecedentes: el caso de las migraciones en Guatemala, causas y cifras*

 

image_pdfimage_print

 

Cualquier política pública que busque abordar problemas reales o potenciales, debería reflexionar acerca del surgimiento de estos: ¿cómo se originó —en este caso— la migración? Además, tendría que plantearse: ¿cuáles son las dimensiones y características que del fenómeno habría que tematizar? Por más que se adopte una postura neutral, varios estudios vinculan la migración en Centroamérica con el modelo económico dominante.

Según Gustavo Palma, citado por Claudia López y Danilo Rivera,[1] desde la época colonial, la actividad económica generadora de riquezas se concentró en la extracción de recursos, actividad facilitada por una amplia disponibilidad de mano de obra que se nutrió de desplazamientos. Obviamente, este modelo ha sufrido algunas adaptaciones; por ejemplo, cuando en el siglo XIX, la finca se volvió el centro de las actividades y modelo para toda una “estructura mental”.

 

Es así, cómo en Guatemala (principalmente en las poblaciones indígenas), históricamente, la gente parece estar “acostumbrada a migrar” para encontrar empleo. Durante mucho tiempo se ha emigrado hacia las fincas o las ciudades; hoy, la mayoría se dirige hacia Estados Unidos.[2]

 

Por su parte, Jean Paul Vargas, Director de Integración en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA), afirma que “Centroamérica es toda una historia de migraciones”[3] y que la migración es una estrategia para sobrevivir en un ambiente económico tradicionalmente desfavorable.

 

Al hablar del caso de Guatemala, se constata que el fenómeno de la migración en el siglo XX se origina por varias circunstancias: la Organización Internacional para las Migraciones, cita la modernización de la década de 1950, por medio de inversiones estadounidenses, como el primer momento; como segundo, un fenómeno natural, el terremoto de 1976 y, como tercero, la violencia que se generó durante el conflicto armado interno, que sufrió el país durante la década de 1980.[4] Durante ese periodo se constituyeron núcleos indígenas en Estados Unidos, que después sirvieron de puente, cuando la integración de Guatemala al proceso de globalización aceleró la migración al Norte.[5]

 

Las siluetas de refugiados de Oriente Próximo se recortan contra el horizonte durante la puesta de sol mientras caminan por una vía de tren desde Roszke, en Serbia, a Hungría, el 30 de agosto de 2015. (Foto AP/Darko Bandic)

De acuerdo con López y Rivera (op. cit.), quienes migran son, principalmente, los pobres. De este grupo, menos de 1% posee estudios universitarios. Varios estudios consultados también coinciden cuando presentan las causas específicas del fenómeno migratorio; por ejemplo, la OIM (op. cit.) afirma que la migración se origina en la pobreza, por la falta de empleo y oportunidades en una sociedad con profundas desigualdades.

 

 

Otro ejemplo son las inversiones del Estado y del sector privado que no llegan a las zonas de origen de las personas que migran, con el agravante de que los salarios mínimos no alcanzan para cubrir, ni siquiera, la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

 

Es en ese contexto, que la migración se vuelve una válvula de escape para el país, pues la población en edad de trabajar crece proporcionalmente mucho más que la Población Económicamente Activa (PEA). En contraste, según la OIM (op. cit.), el número de afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), prácticamente, permaneció igual.

 

Otros autores señalan el papel que juega la llamada “educación para la exclusión”.[6] López y Rivera (op. cit.), adicionalmente, mencionan la elevada desnutrición en Guatemala como otro factor expulsor. Aducen que, en 2009, en zonas donde la expulsión de personas fue mayor, alcanzó  hasta 65% de la población.[7]

 

En otras palabras, el sueño de los guatemaltecos, de una vida con empleo y un mínimo de seguridad social, se hace cada vez más inalcanzable por lo que optan por migrar.

 

Según la Comisión del Migrante,[8] con una proporción de 97.4%, la gran mayoría de guatemaltecos, documentados o no, migran hacia los Estados Unidos de América. Solo la OIM (op. cit.) registró, en 1990, un aumento de 225 mil migrantes a más de un millón en 2010. Asimismo, explica que otras estimaciones ubican alrededor de un millón y medio de compatriotas en ese país,[9] por lo que se calcula que uno de cada diez guatemaltecos vive fuera de su patria, una cifra mucho mayor al promedio global de migrantes por nación, que oscila en 3% de la población. Esa es la razón por la cual, actualmente, casi cuatro millones de connacionales tienen familiares en dicha república.

 

Ante esta realidad, el uso de la imagen de la “válvula de escape” es frecuente, pero es necesario llamar a la siguiente reflexión: ¿qué hubiera pasado con el crecimiento económico y la tasa de pobreza de Guatemala, si pese a los programas sociales, las transferencias condicionadas o los esfuerzos en el marco de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, ese millón y medio o más de guatemaltecos hubieran seguido en el país y pudieran verse reflejados en las estadísticas sociales y económicas?

 

En primer lugar, se hubieran reflejado en las estadísticas de desnutrición, pobreza y salud, por lo que se hubiere requerido de una enorme inversión por parte del Estado para disminuir su impacto. Evidentemente, la incapacidad financiera que caracteriza al Estado se hubiera mostrado con mayor claridad, lo que, a la vez, hubiera impulsado nuevas discusiones acerca de cómo mejorar la carga tributaria.

 

No obstante, la mayoría de las discusiones nacionales e internacionales en relación con los éxitos, fracasos y las adecuadas recetas para mejorar el desarrollo social del país, parten de una línea base que esconde un mayor fracaso. Así, el millón y medio de personas ya no aparecería en ninguna estadística.

 

La descripción de las causas de la migración en Guatemala deja entrever que hay un fuerte vínculo entre esta y el desarrollo. Por ello, las discusiones de la sociedad civil —e incluso del gobierno estadounidense—, relativas a las medidas a tomar para atenuar dicho fenómeno —al inicio—, incluyeron una visión de desarrollo, pero el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, en 2001, derribó este planteamiento.[10]

 

Irene Palma, directora del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales  y Desarrollo (INCEDES), afirma, que desde ese momento, en el enfoque de seguridad empezó a dominar las políticas migratorias de Estados Unidos: “era lógico que teníamos que contrarrestar esa visión con otra, acerca de los derechos humanos de los migrantes.”[11]

 

En cuanto a las deportaciones de indocumentados, estas siempre habían existido, pero las políticas al respecto se endurecieron pocos años después, hasta el punto de incluir la construcción de una muralla en la frontera norte de México.

 

Por esa razón, las deportaciones de guatemaltecos vía aérea desde México y Estados Unidos alcanzaron nuevas dimensiones. Solo de 2012 a 2014, se registraron 250 mil casos, y se vislumbraba otro aumento para 2015.[12] En ese contexto, lo que llamó más la atención fue la tendencia hacia la baja de deportaciones, específicamente desde Estados Unidos. Con mucha claridad se puede deducir que los controles policiacos, como primera barrera para los migrantes, se ejercieron más en ese momento en la frontera sur de México.

 

Otra parte de la realidad estadística de las migraciones son las remesas, consideradas estas como contribuciones financieras de los migrantes guatemaltecos para sus familiares radicados en su país de origen. Mientras en el año 2000, al inicio del gobierno de Alfonso Portillo, se transfirieron 560 millones de dólares, para 2015 se esperaban 6 mil millones, un monto casi diez veces mayor.[13]

 

Pero la realidad migratoria del país no solo comprende el camino de ida hacia Estados Unidos, sino que tiene que ver también con la expulsión de los migrantes. Según cálculos del Grupo Articulador, Guatemala también alberga alrededor de 250 mil migrantes indocumentados, principalmente de origen centroamericano, sin mencionar a los cerca de 300 mil, que al año, únicamente utilizan al país para transitar hacia el Norte.[14]

 

Hay que recalcar que las migraciones en Guatemala son todo lo anterior y que, por lo tanto, es común que en términos técnicos, cuando se habla de migración, solo se refieran a sus países de origen, su destino o países de tránsito, y solo de vez en cuando se mencione también el retorno.

 

En Guatemala, y más aún en El Salvador, las cifras deslumbran. Por eso, como dice Jean Paul Vargas en una entrevista, ningún país en la región debería pensar que su fenómeno de migraciones es igual al del otro.

 

A diferencia de Guatemala, la dinámica de la migración del resto de países centroamericanos no se dirige casi exclusivamente a Estados Unidos. Según Álida Bernal, Genaro Aguilar y Pedro Durán, acá es común que haya migrantes provenientes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, sin embargo, de este último, en su mayoría, emigran más hacia Costa Rica, Honduras y Panamá.[15]

 

Algunos fenómenos del impacto y entorno socioeconómico de la migración

 

Las migraciones no solo consisten en flujos de personas y remesas como el anterior capítulo podría sugerir. Si bien el desplazamiento de personas interfiere en innumerables dinámicas y situaciones a nivel económico, social, laboral y de derechos humanos, su tratamiento por parte del Estado puede contribuir a empeorar, mitigar o incluso, podría convertir el problema en una oportunidad.

 

A nivel económico, la migración indocumentada hacia Estados Unidos requiere, en la mayoría de casos, una inversión para pagar al llamado “coyote”. Mientras más medidas de seguridad se plantean, más caro es el trayecto y mayor es el riesgo que el migrante corre al —involuntariamente— financiar negocios del crimen organizado.

 

En entrevista realizada a la antropóloga Aracely Martínez, ella afirma que, en la actualidad, se pagan alrededor de US$ 5 mil por el viaje, monto que cubre, generalmente, tres intentos y que, en su momento, puede subir hasta US$ 9 mil. Dichas cantidades representan una fuerte inversión, por lo que, en muchos casos, los  interesados dependen de créditos, de vez en cuando vinculados a la venta de terrenos e incluso fraudes.[16] No hay que perder de vista que la población migrante es más bien pobre y tiende a endeudarse para conseguir su objetivo. Además, las redes alrededor del “coyote” tienen otros costos. Para conseguir transporte relativamente seguro, y contra la voluntad expresa de las instancias oficiales, se necesita comprar voluntades. Un buen ejemplo de esto lo refiere Claudia López:

 

En Tecún Umán u otro pueblo fronterizo, […] fuimos a un viaje para conocer la problemática; en algún punto nos dijeron: ‘a esta zona no pueden ir’ y yo digo: ¿por qué? ‘Porque allí están los coyotes de los migrantes sudamericanos, tienen protegida su propia área’; pregunto: ¿este derecho se lo compran a la policía? ‘Sin duda, allí nadie te pide papeles’.[17]

 

Durante el trayecto, muchos migrantes sufren maltratos de diferente tipo por parte del crimen organizado y de las autoridades: violaciones a los derechos humanos, trata de personas, por ejemplo. Hasta la fecha en que se escribió este estudio, habían acumulados alrededor de 70 mil casos, en su mayoría, según López, de centroamericanos que desaparecieron en el camino.

 

Aunque sin duda, el tema de la migración está vinculado al tema de los derechos humanos, dadas las dinámicas que se derivan de los altos costos del trayecto (humanos y monetarios) y la deportación en condiciones difíciles, la situación crea condiciones idóneas para el crimen, por lo tanto, al mismo tiempo se tiene que considerar el tema de la inseguridad y sin olvidar que la migración también se relaciona con el desarrollo social y económico.

 

Las implicaciones de ese enfoque tienen muchas dimensiones, por ejemplo, la OIM (op. cit.) reconoce que la gigantesca suma de remesas ha contribuido a disminuir la pobreza, sin embargo, ese mismo análisis también deduce que la mayor parte de las remesas se destina al consumo de alimentos, ropa o transporte. Por otra parte, la investigadora Aracely Martínez sostiene que algunos de los propios migrantes, entre broma y broma, afirman que “el dinero se lo echan encima”, que mucha gente tiene ahora más dinero y mejores casas pero, por sus nuevos hábitos, igual podría padecer de “desnutrición”.[18]

 

La OIM refiere acerca del mismo tema, que solo 12% del total de las remesas se destina al ahorro e inversión, aunque no queda claro qué porcentaje es inversión productiva. En este sentido, se supone que es el mayor consumo, el indicador que lleva a la reducción estadística de la pobreza; no obstante, este no coincide pues no se han creado más puestos de trabajo.

 

Los datos proporcionados muestran que, aunque hay aumento de remesas, ello no se traduce en la disminución del trabajo informal puesto que las cifras oscilan alrededor de 70%. En cambio, según el análisis de la OIM, cuando las remesas tienden a la baja, como ocurrió en el periodo 2008-2009, rápidamente, sube el empleo informal. Parece entonces, concluye, que los miles de millones recibidos no han logrado impulsar la creación de un número importante de empresas, aunque fuesen pequeñas.

 

Al considerar los datos expuestos, se puede concluir en que las remesas son, en la actualidad, un paliativo con muchas apariencias positivas, mientras que, en el fondo, la situación socioeconómica puede que esté empeorando. En ese sentido, las permanentes migraciones y sus consecuentes remesas son un alivio transitorio para que nada estructural cambie. En todo caso, y así también lo expresa la OIM, las remesas hasta ahora no son sostenibles para reducir la pobreza.[19]

 

Acerca del tema de la interrelación entre la migración y el desarrollo en los países de destino y los de origen, hay muchas controversias, principalmente, en el ámbito internacional. Si se considera la magnitud, no es de sorprender que el debate se limite muchas veces a la remesa y su uso, cuando hay otros aspectos que también se deben tomar en cuenta.

 

En ese sentido, un enfoque generalmente menos tratado surge cuando se enuncian las siguientes interrogantes: ¿qué pasa y cómo se desarrollan las perspectivas de vida de la población que se queda atrás? ¿Qué sucede con sus relaciones económicas y sociales? ¿Qué pasa si sus ingresos se acumulan básicamente para consumir e invertir en las, hasta ahora inevitables, migraciones de las siguientes generaciones, especialmente para pagar a los intermediarios, “los coyotes”? ¿Hasta dónde afecta el tema del desarrollo económico, por lo menos el local y regional?

 

En ese contexto, sería útil e interesante comparar la estructura socioeconómica de regiones con poca migración, con otras dominadas por la lógica de migrar y mandar remesas… ¿Y la política económica? ¿La disponibilidad de fondos para la inversión la lleva a plantear planes de desarrollo local? ¿O pasa lo contrario, y la aparente reducción de la pobreza impulsa el retiro del Estado? También estos aspectos deberían verificarse.

 

Más allá de un enfoque individual, familiar o local, el impacto de las remesas en la macroeconomía es determinante: alrededor de 11% del Producto Interno Bruto (PIB), se basa en estas. En 2012, su valor fue mayor al de todas las inversiones extranjeras directas y al de los principales productos de exportación: café, azúcar, banano y cardamomo. Para 2015, se habían previsto con un aumento de 10%, una cifra que, según la OIM, en 2009 representaba 1.25% del crecimiento.

 

En otras palabras, si se parte de que la población crece constantemente, puede afirmarse que sin remesas no existiría crecimiento per cápita. Esto es contrario a una valoración positiva. Irene Palma, por ejemplo, responsabiliza a las remesas de la inflación en el área rural: “Los terrenos, las casas, en algunas zonas; los precios aumentan para muchas cosas.”[20]

 

Según se observa, los sectores más favorecidos por el envío de remesas son los importadores de productos extranjeros; la banca, principalmente BANRURAL; la telefonía móvil, y una parte del sector de la construcción. En el caso de la industria del cemento, Irene Palma asegura que el contexto del cuasi monopolio que la empresa Cementos Progreso mantiene en Guatemala, les permite sustentar un precio más alto que el de México: “Las remesas entran a un circuito que favorece la concentración”, concluye.[21]

 

Otro de los impactos socioeconómicos de la migración —tanto en Guatemala como en los demás países de la región—, es el del retorno (inmigración) que, algunas veces es voluntario pero la mayoría, es el resultado de la deportación. Las cifras —espeluznantes— de las deportaciones que se registran, se refieren a casos por lo que no equivalen a número de personas.

 

Las cifras de deportados oscilan entre 100 mil y 250 mil personas en los últimos tres años. Estas, en su mayoría, retornan endeudadas, frustradas, con experiencias traumáticas o quebrantos de salud y con la sensación de no tener perspectiva. A lo anterior se suma el agravante del estigma que los retornados adquieren, ya que en muchas comunidades se les considera como fracasados. Por otra parte, los retornados voluntarios, en su mayoría, se descapitalizan después de algunos años porque su entorno no les permite una reinserción productiva.[22]

 

La información que hasta ahora se presenta e interpreta acerca de la problemática, refleja la debilidad en las investigaciones sobre el tema en Guatemala. Casi toda búsqueda de información se concentra en los emigrantes de este país[23] y deja al margen la vida y experiencias de un cuarto de millón de migrantes centroamericanos.

 

Se sabe que por ser mayoritariamente indocumentados, ese otro grupo de migrantes no tienen derecho a seguro social, devengan salarios más bajos que los nacionales, suelen tener, en general, pocos derechos laborales y el mínimo acceso a servicios sociales, así como jornadas laborales más largas. Incluso, existen informes sobre su precaria situación en cuanto a derechos humanos se refiere. Según Bernal, et. al. (op. cit.), muchas personas con o sin niños, no regulan su permanencia en el país porque las multas por no realizarla en su momento pueden resultar elevadas.

 

Por otro lado, se sabe poco acerca de la situación salarial específica de los migrantes en diferentes sectores, de la vivienda, las prácticas de empresas y los flujos de migrantes indocumentados de Centroamérica, pese a que, justo esa información, es la que serviría para desarrollar a la región en términos de regionalización e integración económica y social.

Bibliografía

* Este artículo forma parte de un trabajo más extenso del autor, publicado con el nombre de “El desarrollo postergado. Políticas sobre migraciones: entre intereses sectoriales y debilidades del Estado”, en el Cuaderno de Debate No. 7, de FLACSO-Guatemala.

[1] López R., Claudia W. y Danilo Rivera (2013). Aproximaciones de política migratoria para Guatemala. Guatemala: URL.

[2] Balsells, Edgar (2015, junio 19). Entrevista.

[3] Vargas, Jean-Paul (2015, julio 6). Entrevista con SG-SICA.

[4] Véase Organización Internacional para las Migraciones. (2013). Perfil migratorio de Guatemala, 2012. Guatemala.

[5] Piedrasanta, Ruth (antropóloga) (2015, junio 11). Entrevista.

[6] Linda Asturias resalta que el nivel educativo en muchas zonas rurales, apenas llega al nivel primario, lo que constituye un factor condicionante para la falta de oportunidades. Asturias, Linda (2015, junio 25). Entrevista.

[7] Recientemente, en lugar de expulsión se estableció la palabra “expoliación”, para referir a las personas pobres excluidas que buscan alternativas económicas que mejoren sus perspectivas de vida.

[8] Comisión del Migrante, Congreso de la República (2014). Sistematización de propuestas de acción para el abordaje de las migraciones en Guatemala. Guatemala.

[9] Informaciones recientes, cuya fuente es el Ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Morales, dan una cifra que oscila entre 2 millones y medio y 2 millones seiscientos mil guatemaltecos.

[10] Palma, Irene (2015, junio 18). Entrevista.

[11] Ibid.

[12] Véase http://www.migracion.gob.gt/index.php/root1/estadisticas.html

 

[13] Véase http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/remesas/remfam2015.htm&e=119775

[14] Grupo Articulador (2009). Informe sobre la Implementación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares en Guatemala. Guatemala. Diciembre.

[15] Bernal C., Álida, Genaro Aguilar G. y Pedro Durán F. (2013). Análisis de las migraciones laborales actuales y los procesos de armonización legislativa en Centroamérica, México y la República Dominicana. Informe Regional. México: INCEDES y Sin Fronteras.

 

[16] Martínez, Aracely (2015, junio 25). Universidad Del Valle. Entrevista.

[17] López R., Claudia (2015, junio 22). Entrevista.

[18] Martínez, Aracely, op. cit.

 

[19] Al respecto, Irene Palma opina que “las remesas no permiten ver la realidad económica del país”. Palma, Irene, op. cit.

 

[20] Palma, Irene, op. cit.

[21] Ibid.

[22] Martínez, Aracely, op. cit.

[23] Entre los estudios del campo laboral y centroamericano están, por ejemplo: Gabriela León, Adriana Velásquez, Aida Argüello (eds.) (2015). Oportunidades y desafíos para la gestión de las migraciones laborales en Centroamérica. San José: FLACSO-Costa Rica, SISCA, SICA. Las políticas públicas es tema de Gisele L. Bonnici y Elba Y. Coria M. (2012). Informe sobre Legislación Migratoria en la región: Centroamérica, México y República Dominicana. México: INCEDES y Sin Fronteras. Información general sobre la migración en América Latina pero con enfoque específico en el desarrollo se encuentra, por ejemplo, en Martínez Pizarro, Jorge; Verónica Cano Christiny y Magdalena Soffia Contrucci (2014). Tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribeña hacia 2010 y desafíos para una agenda regional. CEPAL. Serie Población y Desarrollo, No. 109.

 

 

Comments

Comentarios