Políticas sociales y juventud

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La juventud es una condición que ha sido explicada desde varias dimensiones: como un dato demográfico, como identidad, como referencia histórica, un campo de estudios o un conjunto de categorías que está en el debate  teórico, metodológico, político, legal e institucional. La condición de ser joven, más allá del dato etáreo, está vinculada con los entramados de poder, jerarquías de género, etnia, clase, edad, diversidad sexual, y discapacidades, por nombrar las más relevantes. De manera que tiene más sentido referirse a las juventudes en plural, dadas las diferentes experiencias y situaciones que van definiendo a las y los jóvenes en la dinámica de las sociedades.

En las últimas décadas se ha instalado, en el sentido común, una imagen hegemónica de ser joven, asociada idealmente con patrones de consumo, prácticas lúdicas, acceso a bienes y servicios, expectativas de proyectos de vida vinculados con la educación como factor de ascenso social o con el acceso a capitales familiares, un perfil que sólo está al alcance de los sectores medios y altos. Mientras, la mayoría de jóvenes quedan excluidos de ese ideal, debido a que muy pronto son expulsados del sistema educativo, si logran tener acceso, o se ven forzados a incorporarse al mundo laboral. Y, en el caso de las jóvenes, a asumir el rol asignado de la maternidad.

Ser joven, aunque parezca obvio afirmarlo, es diferente si se vive en el campo o en la ciudad, si se es indígena, garífuna, xinca o ladino, si cuenta o no con el apoyo familiar, si es mujer u hombre, o de la diversidad sexual. Es una experiencia vital atravesada por ejes de exclusión/inclusión que dejan su impronta en identidades cada vez más diversas. Esta realidad es incomprendida al momento de analizar la condición juvenil, y más aún cuando el Estado intenta responder a las demandas juveniles, a través de normas, políticas e instituciones, permeadas por visiones homogéneas y, generalmente, autoritarias.

 

La situación de las juventudes

Para 2015, Guatemala contaba con alrededor de 16.5 millones de habitantes. De ese total, 31.3% se identificaba como indígena y 63.7% como no indígena. La población joven, comprendida entre los 15-29 años de edad, ascendía a 4 616 441 millones, es decir, 28.54%. Al desagregar por sexo, 2 326 298 eran mujeres, y 2 290 143 hombres (INE, 2015).

Los principales indicadores sociales muestran que existen brechas de desigualdad significativas entre los jóvenes. Sólo 3.1% está ubicado en el estrato socioeconómico alto y muy alto, 20.7% en el medio alto y medio, y 76.2%  en el estrato medio bajo y bajo (ENJU, 2011).

Una publicación reciente del INE-Instituto Nacional de Estadística (2016), analiza la situación de la población entre 15-29 años de edad en el mercado laboral. En primer lugar, la educación –que sería un factor de movilidad social y de inserción laboral– es un derecho negado porque en el rango de 25-29 años de edad, sólo un ínfimo 4.1%, logró graduarse de la universidad, mientras 37.3% alcanzó la primaria completa o incompleta y 28.8%, se graduó de una carrera a nivel medio.

(Foto: Luis Alejandro de León Soto)

Con ese bajo perfil educativo, los jóvenes se enfrentan a un mercado laboral que no les ofrece condiciones dignas, ya que 70.4% de la población económicamente activa joven no cuenta con un contrato de trabajo, situación que es más grave para los jóvenes indígenas ya que 85.8% de ellos trabaja sin contrato. Asimismo, sólo 18.9% de los jóvenes que trabaja tiene acceso a seguridad social.

Un dato revelador de las persistentes desigualdades de género es la brecha salarial por sexo; en promedio, los hombres ganan Q 1 959.00 mensuales, mientras las mujeres jóvenes Q1 600.00.

Otras situaciones que marcan la vida de las mujeres jóvenes son, por un lado, la violencia sexual que las expone a secuelas físicas y psicológicas, y también a embarazos forzados y, por otro, el mandato cultural de la maternidad que se refleja en el alto porcentaje (20.7%) de mujeres entre los 15 y 19 años de edad, que ya eran madres o estaban embarazadas al momento de realizar la más reciente Encuesta de Salud Materno Infantil (ENSMI, 2014-2015). En el área rural la relación llega a ser de 1 de cada 4 adolescentes embarazadas entre los 15-19 años de edad.

La condición juvenil en Guatemala, como muestra este breve esbozo, se caracteriza por la privación de derechos (a la identidad, a la educación, a la salud, a la seguridad, a la participación, entre otros), y de exclusión por ingresos, que limitan severamente el desarrollo y el ejercicio de ciudadanía de la mayoría de jóvenes en el país, y que se ve agravada en el caso de jóvenes con discapacidades, o del área rural, mujeres, e indígenas.

Estas carencias, sumadas a la violencia social, intrafamiliar, sexual y física, contribuyen a incrementar el riesgo de las y los jóvenes, de manera que muchos optan –sea por decisión propia o familiar– por migrar, sobre todo hacia Estados Unidos, aunque sepan que en el trayecto van a enfrentar diferentes peligros, como el trabajo forzado, la trata de personas, el abuso e incluso la muerte.

En contraste con este panorama sombrío, cabe mencionar que ha aumentado el número de jóvenes que se organiza en asociaciones diversas, que se expresa a través de las artes, o que destaca en los deportes, y jóvenes que están incursionando en campos relacionados con la ciencia, la tecnología, y la política. Muchos de estos esfuerzos son personales o familiares, porque aún no se logra una respuesta integral desde el Estado que sigue permeado por una visión que criminaliza a las y los jóvenes, que los ve como una amenaza y no como los sujetos de derechos que, en medio de muchas dificultades, aportan su talento, energía y pensamiento crítico a la sociedad guatemalteca.

Las políticas sociales enfocadas en las juventudes

En perspectiva histórica, como apunta la investigadora Leslie Lemus (2015), la categoría de juventud surgió en el siglo XIX con la modernidad capitalista y, en el caso de Guatemala, fue en la segunda mitad del siglo XX, cuando se perfiló como un campo de intervención estatal a través de políticas e instituciones.

(Foto: Luis Alejandro de León Soto)

En efecto, fue en 1977 cuando se creó la primera institución enfocada en la juventud, el Instituto Nacional de Juventud-INAJU, adscrito al Ministerio de Educación, en un contexto contradictorio, ya que por un lado esta decisión respondía a  los planteamientos desarrollistas que se venían impulsando en Latinoamérica, y por el otro, el Estado de Guatemala dirigido por militares, cuya visión de la juventud no admitía matices; había: “buenos jóvenes –estudiantes de escuelas privadas religiosas, boy scouts, muchachas guías, entre otros- y ‘malos jóvenes’, hippies, marihuanos, estudiantes de escuelas públicas, entre otros (Lemus, 2015). A estos últimos había que controlarlos y, en casos extremos, reprimirlos. También había jóvenes indígenas que, mediante el reclutamiento forzoso, engrosaban las filas del Ejército. Las jóvenes apenas eran visibles en el espacio público; su lugar seguía siendo el espacio privado.

Hacia la segunda mitad de los años ochenta, se había promulgado una nueva Constitución. Luego de unos de los períodos más cruentos de la historia del país, se contaba con un gobernante civil. En ese contexto, y coincidiendo con el Año Internacional de la Juventud, convocado por Naciones Unidas, se evaluó el desempeño de las acciones dirigidas a la juventud, y se concluyó en que se carecía de “políticas globales de juventud”; asimismo, que si bien existía un Consejo Nacional de la Juventud, con funciones de programación y coordinación, su debilidad institucional había impedido obtener resultados satisfactorios. Se planteó entonces impulsar el Plan Nacional de Juventud para “lograr la realización plena del joven como ser humano a través de su participación consciente, creadora y organizadora en el proceso integral de desarrollo nacional” (IICA, 1986).

Una década después, en 1996, año de la firma de los acuerdos de paz, se creó el Consejo Nacional de la Juventud-CONJUVE, adscrito a la Presidencia de la República (Acuerdo Gubernativo 405-96), avalado por el Congreso de la República (Decreto 114-97), como la entidad rectora para promover el desarrollo de la juventud en un marco de “enfoque generacional y como sujetos de derechos a través del desarrollo de sus capacidades, participación y construcción de ciudadanía”.

En estas dos décadas se han hecho esfuerzos, generalmente demandados por organizaciones de la sociedad civil, por contar con un marco legal y político que brinde una respuesta a las demandas de las juventudes. Se formuló en 2002, una política sectorial dirigida a la juventud rural liderada por el Ministerio de Agricultura, que se mantuvo en vigencia hasta 2006. En 2003, se aprobó la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Decreto 27-2003), y ese mismo año, la Coordinadora Juventud por Guatemala-CJG, que convocó a varias organizaciones juveniles, presentó en el proceso electoral, la Agenda Nacional de la Juventud.

En esa misma línea, CONJUVE realizó una amplia consulta, con el objetivo de consensuar la Política Nacional de la Juventud 2005-2015 que, sin embargo, no logró el respaldo gubernamental requerido. No obstante, se impulsó la elaboración de la primera Encuesta Nacional de Juventud (2011), que, por primera vez, brindó un panorama cuantitativo que permitía conocer las complejidades de este grupo social.

Para 2012, esa entidad logró la aprobación de una nueva Política Nacional de Juventud, 2012-2020 (Acuerdo gubernativo 173-2012), y la creación del Gabinete específico de la Juventud (Acuerdo gubernativo 163-2012). Con base en dicho instrumento, elaboró el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes de Guatemala-PLANEA, 2013-2017, que se trazó como objetivo articular la respuesta intersectorial en la prevención de embarazos en adolescentes 15-19 años de edad, contribuyendo al desarrollo integral y opciones de vida de adolescentes y jóvenes, “desde una visión holística basada en las necesidades, derechos, desarrollo humano, participación y ciudadanía juvenil”. Aún con las debilidades o contradicciones, esa propuesta constituye un avance en una sociedad tan conservadora, que sigue negando el acceso a una educación integral en sexualidad a las y los jóvenes.

A pesar de estos logros normativos y políticos, no se cuenta con una Ley de Juventud que dé respaldo legal, cree instituciones robustas y contemple la inversión de los recursos necesarios para garantizar los derechos de las juventudes. Han sido diversos los intentos para aprobar esa Ley que se presentó por primera vez en 2005, y sucesivamente en 2008 y en 2012. El más reciente proceso se dio en 2016, a iniciativa de la Comisión de la Juventud del Congreso de la República, pero la inclusión de la educación integral en sexualidad en su articulado, generó polémica y reacción de las fuerzas conservadoras vinculadas con las Iglesias que se han opuesto sistemáticamente a que se incorporen estos contenidos en el sistema educativo del país.

Un resultado de este nuevo intento de aprobar dicha Ley fue que contribuyó a colocar nuevamente en el debate público la cuestión juvenil.

A modo de conclusión:

(Foto: Luis Alejandro de León Soto)

La cuestión juvenil, como campo de análisis teórico, metodológico y político ha adquirido importancia en las últimas tres décadas, aunque hay antecedentes desde los años setenta del siglo XX. Sin embargo, no se ha logrado consolidar un espacio académico que desde una visión crítica promueva y consolide la investigación sistemática que dé cuenta de las complejidades y dinámicas de las juventudes en el país.

En términos normativos, políticos e institucionales, los resultados han sido dispares: se han hecho esfuerzos por contar con una Política Nacional de Juventud, pero no se ha logrado el consenso para que el Congreso de la República apruebe una Ley Nacional de Juventud que contribuiría a fortalecer las acciones que este grupo social demanda.

La participación de organizaciones juveniles y sociales en los procesos de incidencia ha contribuido a ampliar la conciencia de la urgente necesidad de una respuesta integral desde el Estado. Una respuesta que no se base en una visión homogénea de la juventud, sino que incorpore las diversas situaciones y condiciones que implica ser joven en una sociedad marcada por la desigualdad, el racismo y la exclusión.

Las decisiones estatales deben ser respaldadas con evidencia científica; el compromiso de las diversas instituciones debe expresarse no sólo en la voluntad política, sino en la asignación de recursos y, finalmente, las voces diversas de las y los jóvenes deben ser escuchadas y atendidas.

Referencias bibliográficas

IICA-Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (1986). “Opciones de incorporación del joven al proceso productivo en la Cuenca del Caribe y España”. Informe de Guatemala, presentado en el Seminario internacional. San José, Costa Rica, 2-6 de junio de 1986.

INE-Instituto Nacional de Estadística (2016). Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos. Módulo de Juventud. Guatemala.

Lemus, Leslie (2015). Surgimiento y despliegue de la cuestión juvenil en Guatemala: elementos para la discusión. Buenos Aires: CLACSO.

PNUD (2012). “Guatemala ¿un país de oportunidades para los jóvenes?”. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012. Guatemala.

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