Pueblos indígenas y áreas protegidas

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José Santos Sapón Tax

Según la Comisión Mundial de Áreas Protegidas en el Mundo, (World Commission on Protected Areas, WCPA por sus siglas en inglés), Área protegida es “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y administrado, a través de medios legales u otros similarmente efectivos, para lograr la conservación de la naturaleza con sus servicios ecosistémicos asociados y valores culturales”.[1] La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), por sus siglas en inglés, categoriza seis niveles de áreas protegidas;[2] cada una de ellas contempla objetivos restricciones, beneficios y tamaño específicos.

La idea de parques nacionales y áreas protegidas surge de las relaciones de los seres humanos con el entorno. En la experiencia de los Estados europeos, se cree que la humanidad ha tenido designadas áreas de acceso restringido para el uso de la flora, fauna y otros recursos, por razones económicas, espirituales, recreativas entre otras. A finales del siglo XVI se acordó mantener el bosque de la Haya inalterable a perpetuidad, iniciando de esta forma lo que a finales del siglo XIX serían los parques nacionales, concepto que se fue difundiendo por todo el mundo. En la década de los años 70 del siglo pasado, se comenzó a utilizar el concepto reservas de biósfera.

 

El pueblo maya y la tierra

 

En el caso de los pueblos indígenas de Guatemala y de América (con otra historia, culturas y cosmovisión cada vez más reconocidas), tienen un vínculo especial con la tierra y su entorno, sus montañas, bosques, ríos y otros bienes naturales que no es reciente y que no responde a necesidades económicas, recreativas o solamente espirituales. La relación de los pueblos indígenas con la tierra es cosmogónica.

En la cosmovisión del pueblo indígena maya, la tierra es un ser que habla como las plantas, los animales, el viento, la lluvia, las nubes, la brisa y todo el cosmos que se comunica entre sí y con el ser humano. Cada maya se educa para entrar en comunicación con el cosmos, la naturaleza y con todo lo que existe, y no solamente determinadas regiones, sectores o delimitaciones deben ser respetadas por las comunidades y pueblos indígenas. Los mal llamados “desastres naturales” son, en realidad, formas de comunicación de la tierra, la naturaleza y el cosmos con todo lo que existe, tal y como consta en el Popol Wuj.

 

El derecho a la protección del patrimonio natural

 

En el marco del modelo económico capitalista globalizado y el pensamiento liberal, los hombres son titulares de innumerables derechos individuales en detrimento de los derechos de sociedad y la naturaleza. La Revolución Francesa inventó un catálogo de derechos del hombre y del ciudadano, pero que excluyó a la colectividad; y menos reconoció derechos de la naturaleza y el universo. Las revoluciones sociales de principios del siglo XX, que atribuyen derechos a la sociedad, también se olvidaron de la naturaleza, la tierra y el cosmos, por estar concebidas a partir del ser humano y no del universo.

En el caso guatemalteco, el artículo 64 de la Constitución Política de la República reconoce el derecho de los guatemaltecos al patrimonio natural de la nación. El artículo citado establece que se debe conservar, proteger y mejorar el patrimonio natural, pero no lo define. También el artículo 97 del mismo cuerpo legal establece la obligación del Estado, las municipalidades y los habitantes del Estado de propiciar el desarrollo, previniendo la contaminación del medio ambiente y el mantenimiento del equilibrio ecológico, en función de la protección del patrimonio natural, aunque en realidad, quienes están obligados a ello han hecho lo contrario.

Además de la declaración constitucional del reconocimiento del derecho al patrimonio natural, el mismo texto constitucional, en su artículo 66, reconoce la ascendencia maya de los pueblos indígenas que conforman Guatemala y, en el artículo 67, declara la protección especial del Estado, asistencia crediticia y técnica de las tierras de las comunidades indígenas para garantizar a los habitantes una mejor calidad de vida; así como el derecho de dichos pueblos a administrar las tierras que históricamente han poseído.

El 31 de marzo de 1995, en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que forma parte de los acuerdos de paz, suscritos el 29 de diciembre de 1996, el gobierno del Estado reconoce que Guatemala tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, al estar integrado por los pueblos maya, xinka y garífuna, con derechos relativos a la tenencia, uso y administración de la tierra y los recursos naturales, la restitución de las tierras comunales, la compensación de tierras, la adquisición y protección jurídica de los derechos a la tierra, derechos cuyo cumplimiento son deberes constitucionales de las instituciones del Estado según el artículo 3, de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto 52-2005.

 

No obstante, al desarrollar el artículo 64 constitucional, el Congreso de la República aprobó el Decreto 4-89, Ley de Áreas Protegidas, cuyos objetivos y contenidos son contrarios a los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República en los artículo 66 y 67, 58, 46 y 44 que se refieren no solo a los derechos a las formas de vida, organización e identidad de los pueblos indígenas, sino también los derechos relacionados con la tierra de dichos pueblos.

Dicha Ley crea el Sistema de Áreas Protegidas que despoja legalmente a los pueblos indígenas de las tierras en las que han vivido, que han protegido y defendido históricamente de acuerdo con su cosmovisión, en contra del modelo de quienes ven los recursos naturales como materia prima para explotarla y enriquecerse.

Un área protegida se convierte entonces para los pueblos indígenas en un mecanismo de despojo legal que realiza el Estado, que se atribuye el derecho a definir los criterios para declararla como tal y las formas de administrarla mediante disposiciones establecidas discrecionalmente, a espaldas de los pueblos indígenas, en abierta contradicción con el espíritu de los derechos establecidos en los artículos 66 y 67 del texto constitucional.

 

Derecho a la tierra de los pueblos indígenas en el derecho internacional de los derechos humanos

 

La Ley de Áreas Protegidas, aunque fue promulgada y cobró vigencia antes de la suscripción del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y de la vigencia del Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, antes de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, y antes de la aprobación de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, no exime ni exonera al Estado de su responsabilidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en la Constitución Política de la República.

Con base en los artículos 46 y 44 de la misma Constitución, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado está obligado a cumplir compromisos fundamentales e ineludibles, asumidos en el ámbito de la comunidad internacional, mediante el control de convencionalidad.

En este sentido ex officio, los jueces y demás sujetos del sector justicia deben observar este control, y toda autoridad, funcionario o empleado de la administración pública, está obligado a observar las normas de derecho internacional al ejercer sus funciones en el ámbito interno, como lo indica la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano vs. Chile, en donde ha ido precisando el contenido y alcance del concepto de control de convencionalidad en su jurisprudencia, y en el que se indica que dicho control no es otra cosa que la verificación de la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte. Reiterando, se trata de un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad pública y puede implicar inclusive la supresión de normas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) o bien su interpretación conforme a la CADH, dependiendo de las facultades de cada autoridad pública.  En el caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 numeral 239, se establece que el control de Convencionalidad […], “es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial”.

 

Adecuación de la legislación interna a los estándares internacionales en materia de derechos humanos

 

Por esa razón, para evitar mantener en una situación de permanente violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la población en general, la Ley de Áreas Protegidas y leyes, reglamentos y políticas conexas, el Estado de Guatemala debe revisar estas normas y adecuarlas a los compromisos asumidos de respetar los derechos contenidos en el Convenio 169, sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y de la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas.

La tierra y territorios hoy declarados Áreas Protegidas, son tierras en las que históricamente han vivido, han poseído y administrado los pueblos indígenas.

Al revisar el listado de áreas protegidas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, todas ellas son tierras de los pueblos indígenas a los que la ley prohíbe el acceso, uso, aprovechamiento para su existencia material y espiritual, bajo el pretexto de protegerlas de los mismos, cuando en realidad es un despojo legal que el Estado realiza a dichos pueblos para el enriquecimiento de reducidos sectores del país. Un ejemplo es el caso del Parque Nacional Tikal, que figura dentro del sistema con el primer código de área protegida, en donde no tienen acceso los pueblos indígenas, olvidando que la formación del Estado guatemalteco es posterior a la existencia de los pueblos indígenas; que los primeros habitantes de estas tierras son de ascendencia maya.

Es una vergüenza para el Estado de Guatemala, so pretexto de defensa del patrimonio natural de la nación, despojar a los pueblos indígenas de sus tierras y que las restantes las ponga a disposición de proyectos de monocultivo y extracción del modelo capitalista de acumulación, en abierta contradicción de la propia Constitución Política de la República y de los compromisos internacionales asumidos.

[1] Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.  Biodiversidad Mexicana, Áreas Protegidas en el Mundo.  Disponible en: http://www.biodiversidad.gob.mx/region/areasprot/enelmundo.html recuperado el 15 de junio del año 2017.

[2] Idem.

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