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Un puente entre migración y desarrollo

Las migraciones entre Guatemala y México

 

Históricamente, los flujos migratorios entre Guatemala y México han sido importantes, con una tendencia reciente al crecimiento en volumen y de diversidad. Destaca la participación de trabajadores guatemaltecos que cruzan la frontera terrestre para trabajar en el mercado chiapaneco incrementada por nacionales de otros países entroamericanos en los últimos años.2 A este proceso se sumó la presencia de refugiados guatemaltecos y salvadoreños, que se ubicaron en el estado de Chiapas a principios de los años 80, de los cuales una parte fue reubicada en los estados de Campeche y Quintana Roo.3 Asimismo, desde mediados del decenio de los 80, se observó una corriente de personas en tránsito (transmigrantes) procedentes de América Latina –se incluye Guatemala– y de otros continentes, quienes desde esa época utilizan los territorios guatemalteco y mexicano, para dirigirse a EE.UU de manera no autorizada.4

 

A partir de los años 90, también se ha registrado un flujo relativamente intenso de transmigrantes autorizados que transportan vehículos usados y otro tipo de mercancías (muebles, electrodomésticos, etcétera.) para su uso y/o venta en las naciones centroamericanas. De ahí que, tanto Guatemala como México se han constituido en países de tránsito de personas que se dirigen a/o proceden de EE.UU. Esta dinámica plantea la necesidad de que ambos países asuman y administren esa realidad, pero a la vez gestionen sus políticas migratorias con la inclusión de manera corresponsable del país de destino final.

 

Durante los últimos años, los gobiernos de Guatemala y México han realizado modificaciones a las leyes y procedimientos para regular los movimientos migratorios en sus respectivos territorios. En particular, Guatemala adoptó una nueva Ley de Migración y México introdujo reformas a la Ley General de Población y su Reglamento, en los apartados correspondientes al tema.

 

Sin embargo, el rasgo más preocupante es la prevalencia de una lógica de seguridad sobre consideraciones acerca de la relación entre la migración y el desarrollo. De ahí que el hecho más notable haya sido la orientación hacia medidas cada vez más restrictivas y la adopción de otras, para el aseguramiento, detención, devolución/ deportación de extranjeros no autorizados. Se puede afirmar que los cuerpos jurídicos y los procedimientos administrativos han sido ampliamente rebasados por las dinámicas migratorias, de las cuales sus territorios son escenarios cotidianos.

 

Los procesos migratorios entre Guatemala y México ocurren en el marco de un conjunto de asimetrías estructurales, que, en diversos planos, atraviesan las relaciones entre ambos países. Ello influye en la forma en que estos gobiernos definen políticas diferenciadas respecto de la migración, a pesar de que comparten el carácter de países de origen, tránsito, destino y retorno de flujos migratorios.

En ese sentido, México y Guatemala no han realizado esfuerzos suficientes, efectivos y sostenidos de desarrollo regional en las zonas de salida de migrantes, que brinden condiciones dignas y oportunidades de desarrollo para sus poblaciones. Pero, al mismo tiempo, tampoco se han formulado programas de orientación y protección que tengan como propósito el ordenamiento de los flujos migratorios y el otorgamiento de seguridades y garantías a los migrantes en sus desplazamientos.

 

Esa situación de movilidad en condiciones de desventaja para los migrantes ha configurado un escenario de riesgos e incrementado las vulnerabilidades, así como un campo propicio para la corrupción, la violación de derechos humanos y el desarrollo de ilícitos, como el tráfico y la trata de personas, con consecuencias negativas para la seguridad y los derechos de estas personas. Estos riesgos se incrementan ante la ausencia de mecanismos efectivos para su prevención y protección de las víctimas en un ambiente de impunidad.

 

El contexto que actualmente caracteriza a estos dos países sigue siendo de muchas presiones, sobre todo de aquellas que provienen del exterior y que, en alto grado, están orientadas a la redefinición de sus políticas migratorias. El clima antiterrorista y las consecuencias de la hegemonía de una visión de seguridad son las constantes en el tratamiento del fenómeno migratorio en la región, lo cual puede tener como consecuencia una reducción de los márgenes de acción de los gobiernos y una pérdida de autonomía en sus decisiones soberanas.

Es innegable que el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y de destino va más allá de su contribución para dinamizar las respectivas economías; su presencia y participación en la vida de esas comunidades generan también riqueza social, cultural y política. No obstante, es necesario tener en cuenta que esos procesos tienen lugar en condiciones de asimetría, tanto para los migrantes en relación con las sociedades de los lugares de destino, como para sus familiares en los países de origen. De esta cuenta, no se reconoce ni se valora de manera suficiente la diversidad de sus aportes y la fuerza política que eventualmente unos y otros pueden desarrollar.

Las migraciones, hoy en día, constituyen un factor que alivia diversas presiones sociales generadas por la falta de acceso a oportunidades de desarrollo personal, familiar y comunitario en los países de origen. Los migrantes son personas que apuestan por el futuro de sus familias y el de las próximas generaciones; por ello, están dispuestos a ofrecer su fuerza laboral, sus conocimientos y experiencias. Son trabajadores esenciales para las economías de los países a los que se dirigen, pero también son una pérdida para sus países de origen.

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2 El flujo más tradicional es el de trabajadores agrícolas que participan en las actividades del cultivo del café. No obstante, en los años recientes, éste se ha visto acompañado por una serie de otros desplazamientos de carácter temporal y permanente de guatemaltecos y también de personas de otros países centroamericanos, que no sólo se emplean en labores agrícolas, sino también en los servicios y el comercio, tanto en áreas rurales como urbanas.

3 La población de refugiados guatemaltecos reconocidos
por las autoridades mexicanas y el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) llegaron a
registrar un máximo de 46 mil personas. Sin embargo, al
cabo del proceso de repatriación concluido en 1999, sólo
permaneció en México alrededor de una tercera parte, con
lo que pasó a formar parte de la población residente en los
municipios de asentamiento en las tres entidades fronterizas
indicadas.


4 Por su naturaleza indocumentada es imposible registrar el
volumen de este tipo de desplazamientos. Sin embargo, las cifras de devoluciones realizadas por las autoridades
migratorias mexicanas fluctuaron en el orden de los 150 mil eventos anuales durante el decenio de los noventa, mientras
que en los años recientes han oscilado en el orden de las 200 mil devoluciones anuales.