I n m i g r a n t e s :
D i s c u s i o n e s y p r o p u e s t a s
Portada www.flacso.edu.gt flacsoguate@flacso.edu.gt Ediciones anteriores
La propuesta del Grupo
La propuesta del Grupo se apoya en un conjunto de principios que da lugar a recomendaciones de carácter general y de largo plazo, como de naturaleza específica y de aplicación inmediata.
a. Los principios que rigen el quehacer del Grupo y su propuesta
El Grupo ha presentado a las sociedades y gobiernos de Guatemala y México una propuesta denominada Las migraciones y el desarrollo entre Guatemala y México: una propuesta de elementos de políticas y acciones. En ésta se incluye un apartado de los principios en los que se debería sustentar cualquier iniciativa de política migratoria: La condición esencial de seres humanos de los migrantes y de sus familiares los hace sujetos de derechos, independientemente de su condición migratoria; por lo tanto, es deber de los Estados reconocerlos como tales y brindarles la protección que requieren;
• Los Estados deben velar porque los migrantes y sus familiares, sin menoscabo de su condición migratoria, tengan acceso a bienes y servicios básicos, entre los que se debe destacar el acceso a servicios de salud, educación, alojamiento/vivienda y alimentación, entre otros;
• Los migrantes y sus familiares no deben ser discriminados o estigmatizados por ningún motivo; • La documentación de los migrantes es un derecho, porque constituye un punto de partida y un medio para el ejercicio pleno de todos sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones;
• En tanto producto de la profundización de asimetrías estructurales y de la creciente dependencia entre países acentuada por la globalización, las migraciones, deben abordarse mediante políticas regionales integrales;
• Las preocupaciones legítimas y las acciones orientadas a los temas de seguridad por parte de gobiernos y sociedades no deben amenazar o vulnerar la dignidad y los derechos de las personas por su sola condición de migrantes;
• Las políticas migratorias de los Estados deben enfatizar su sentido humanitario y garantizar el debido proceso, sin prejuzgar su condición ni atribuirles relaciones no comprobadas con la comisión de ilícitos;
• Los Estados deben reconocer de manera explícita, los principios de protección y asistencia para resguardar la vigencia de las instituciones de asilo y refugio, así como asegurar el principio de no devolución;
• Las políticas migratorias deben sustentarse en principios de congruencia, de manera que los Estados garanticen la vigencia de los derechos que reclaman para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia o tránsito de extranjeros en su territorio; y,
• La mejor política migratoria es aquella que ordena y regulariza la migración en los distintos momentos en que ocurre: ingreso, tránsito, llegada, permanencia y retorno. Ésta es la medida de seguridad más conveniente para las personas que migran y para los Estados involucrados.
Dada la importancia de los papeles de Guatemala y de México como países con múltiple condición migratoria (origen, destino/retorno y tránsito) resulta pertinente insistir en que cualquier ejercicio de formulación y ejecución de política migratoria debe de observar el principio de coherencia. Se trata de que fortalezca la capacidad de gestión de los Estado ante sus homólogos, a partir de la incorporación de principios, medidas y acciones que aseguren un trato digno y respetuoso a la condición humana, tanto de connacionales como de extranjeros en sus respectivos territorios.
b. Las propuestas de orden general
El Grupo considera necesario el impulso de una política migratoria integral que involucre a ambos países, que priorice la necesidad de generar información y conocimiento sobre el fenómeno migratorio y sus implicaciones. En materia de migración y desarrollo, el Grupo ratifica su convicción de que las migraciones regionales pueden aportar al desarrollo de las sociedades deorigen, tránsito, destino y retorno, en la medida que se avance de manera sostenida en la comprensión de este proceso social y en la adopción de abordajes integrales.
Las iniciativas de integración regional y bilateral, así como las políticas y programas nacionales de desarrollo socioeconómico, deben incluir de manera explícita el tema migratorio en todas sus dimensiones, para asegurar su articulación y operación efectiva con políticas, planes y acciones sectoriales, que garanticen el logro de sus propósitos.
De manera especial, los Estados implicados deben diseñar y ejecutar programas específicos de desarrollo en las regiones de origen de las migraciones, así como en las zonas fronterizas de ambos países, con el fin de generar condiciones y oportunidades para las poblaciones potencialmente migrantes.
Ambos países deben comprometerse a un ejercicio sostenido y sistemático de generación de información, que permita la producción de conocimiento sólido sobre la dinámica migratoria entre las dos naciones y que posibilite la toma de decisiones informada y fundamentada en elementos científicos.
Los Estados guatemalteco y mexicano como partes de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,5 deben instrumentar las obligaciones contraídas en dicho instrumento, adecuar su normatividad interna y verificar el adecuado cumplimiento de sus preceptos.
En el campo de los derechos humanos, el Grupo plantea que, con el objeto de que las políticas migratorias conserven como prioritario su sentido humanitario y garanticen el debido proceso a las poblaciones migrantes, es necesario que los Estados involucrados antepongan la condición humana de dichas poblaciones por encima de cualquier otra consideración relacionada con temas de seguridad que, además, puedan vulnerar su dignidad e integridad.
Los Estados deben garantizar que todas las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, de las cuales son parte, sean instrumentos de derecho positivo en la definición de políticas, formulación de planes y programas, y en la ejecución de los mismos. Dentro de ellas cabe resaltar la vigencia de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que establece el marco jurídico para la protección de las personas fuera de su país de origen. Asimismo, deben mantener la vigencia y efectividad de las obligaciones adquiridas, en tanto partes de la Convención y el Protocolo de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados (1951 y 1967), con el objeto de preservar las instituciones del asilo y el refugio al servicio de aquellas personas demandantes de protección y asistencia, así como también para garantizar el principio de no devolución.
En coherencia con lo anterior, es necesario que la protección consular se defina como una responsabilidad prioritaria dentro de las diversas tareas consulares, así como el impulso de una política de fortalecimiento de la misma, que incluya la capacitación y la profesionalización del servicio.
c. Las acciones prioritarias
Se propone el impulso de una política de fortalecimiento de la
protección consular, la cual debe incluir las siguientes acciones:
Para Guatemala:
• Dotar de recursos financieros suficientes a la protección consular, considerando – entre otros elementos– el uso directo de fondos privativos generados por las actividades conexas y/o relacionadas con esta función.
• Establecer asignaciones específicas para asesoría jurídica, repatriación de cuerpos de personas fallecidas y de personas vulnerables (menores, embarazadas, enfermos o accidentados, así como adultos mayores y personas con capacidades diferentes)
• Incrementar el número de consulados de Guatemala en territorio mexicano e impulsar un programa específico de consulados móviles, con base en la identificación de puntos estratégicos de rutas de migrantes; así como elevar el estatus del consulado adscrito a la Embajada de Guatemala en México al de Consulado General.
• Programar visitas periódicas a los centros de detención, para
verificar las condiciones en las que se encuentran los ciudadanos
guatemaltecos, así como verificar el acceso al debido proceso, las
posibilidades de conmutación de las penas y el cumplimiento de condenas
en su país de origen.
• Acompañar y verificar de manera efectiva los procesos de custodia y devolución / deportación de menores. • Impulsar mejoras a los sistemas de identificación, registro y repatriación de personas fallecidas en territorio mexicano; y
• Otorgar de manera sistemática y permanente la matrícula consular a los guatemaltecos indocumentados en el exterior, a muy bajo costo.
Para México:
• Asegurar el principio de corresponsabilidad y coherencia entre la gestión de la protección de mexicanos en el exterior y la gestión de protección de los consulados guatemaltecos y de otros países centroamericanos en su territorio.
En materia de relaciones laborales entre Guatemala y México, el Grupo propone a ambos países lo siguiente:
• Fortalecer los mecanismos de diálogo bilateral, especialmente en la ejecución de las acciones del Subgrupo de Asuntos Laborales Agrícolas del Grupo Ad Hoc reclutan trabajadores guatemaltecos para laborar en México.
• Constituir un mecanismo de verificación permanente que asegure el ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores, establecidos en la ley, en materia de: contratación, condiciones y prestaciones laborales, pago de salarios y resolución de conflictos y controversias.
• Asegurar el proceso de documentación y registro de la población trabajadora guatemalteca en México.
• Activar en todos sus componentes el Programa de Atención a Trabajadores guatemaltecos temporales en México por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala y las instituciones de la contraparte mexicana.
• Desarrollar acuerdos específicos de reciprocidad en la atención de la salud para trabajadores migratorios en los dos países y realizar las reformas pertinentes a las leyes de protección social.
• Incluir el tema de la migración en la negociación, puesta en operación, revisión y ajuste gradual de iniciativas regionales, tales como el Plan Puebla Panamá, el Tratado de Libre Comercio del Triángulo del Norte (México con Guatemala, El Salvador y Honduras) y otros; y
• Realizar estudios periódicos sobre los impactos de estos procesos en los movimientos de población y la constitución de nuevos mercados laborales en los que pudieran participar trabajadores guatemaltecos, mexicanos y de otros países de la región.
Una reflexión final
El Grupo considera que las propuestas resumidas en este texto pueden
constituir un punto de partida para un proceso de definición e
instrumentación de políticas públicas en materia migratoria, por parte
de los gobiernos de Guatemala y México. Sin embargo, está conciente de
que se trata de una responsabilidad compartida entre gobiernos y
organizaciones civiles, cuyas instancias organizadas tienen papeles y
obligaciones que cumplir de manera diferenciada.
Se insiste en que todos los miembros de la sociedad civil – ndividuos, familias y comunidades– pueden colaborar en la gestión de estas propuestas, desde la sensibilidad hacia la importancia del tema y hasta la puesta en marcha de acciones concretas como las que se sugieren en el apartado anterior.
Se cree que, de esta manera, se podrá avanzar en el camino de generar mejores condiciones de y oportunidades para el bienestar de sus poblaciones y, al mismo tiempo, contribuir a la construcción de la democracia.
Batallas sobre la migración y las elecciones de EE.UU. en 2004
¿Por qué la migración no desaparecerá de la agenda política de EE.UU.?
5 Esta Convención entró en vigor el 1 de julio de 2003.
Grupo Guatemala - México Migración y Desarrollo
Pedro Álvarez Colín - Marcos Arana - Julio Balconi - Carlos Barreda -Carlos Cabarrús - Fernando Castañón - Carolina Escobar Sarti - José Pablo Liedo Fernández - Roberto Ovalle - Antonio Prado Cobos - César Roel (Costa) -Isabel Ruiz - Jorge Santibáñez Romellón - Haroldo Shetemul - Vladimiro Valdés - Fabienne Venet - Pedro Watkins (+) - Martha Noemí Zapata