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Batallas sobre la migración y las elecciones de EE.UU. en 2004
Bastante tiempo antes de los comicios de 2004 – en 1996 para ser puntuales– se empezaron a dar cambios profundos en la política migratoria estadounidense, con la aprobación de tres leyes antimigratorias: la Illegal Immigrant Reform and Immigrant Responsibility Act; Welfare Reform Act, y Anti- errorism and Effective Death Penalty Act (en la cual arbitrariamente se introdujeron disposiciones punitivas contra los migrantes, aunque ellos no tenían nada que ver con el ataque terrorista en la ciudad de Oklahoma en 1995). Las dos últimas leyes afectaban a los residentes permanentes legales, tanto como a los inmigrantes indocumentados. En su conjunto, las tres leyes eliminaron para los migrantes –ambos: legales e indocumentados– casi todos sus derechos existentes (aunque limitados) al debido proceso, así como otros derechos y beneficios, y sustituyeron los procesos de apelación judicial con una arbitrariedad sin límites.
Las leyes promulgadas en 1996 fueron fortalecidas y aplicadas con mayor agresividad luego de la aprobación en 2001 del “USA Patriot Act” (Ley Patriota EE.UU.). Con el régimen de seguridad nacional posterior al 11 de septiembre, las políticas y prácticas estatales estadounidenses hacia los latinoamericanos (así como hacia los árabes/musulmanes) han sido mucho más draconianas, hasta tratarlos como si fueran “terroristas”. En nombre de la “seguridad nacional”, miles de migrantes han sido sujetos a redadas, detenciones preventivas y deportaciones, sin acceso a asesoría legal ni apelación en las cortes. Además, a diferencia de las disposiciones de la Ley Patriota que restringían las libertades civiles de los estadounidenses, las disposiciones que afectaban a los migrantes no fueron escritas para ser reconsideradas bajo la “cláusula sunset” de 2005; al contrario, fueron diseñadas precisamente para ser permanentes (para s detalles, ver Jonas & Tactaquin, 2004).
Durante la campaña electoral de 2004, George Bush y John Kerry plantearon sus posiciones sobre la migración, aunque sus declaraciones fueron mínimas y no tanto para ser incluidas como políticas de importancia en la campaña. A principios de 2004, como respuesta a la necesidad continua y generalizada de mano de obra barata, Bush propuso un nuevo programa de estilo “bracero”con México. Sin embargo, el programa excluyó explícitamente la idea de que los trabajadores mexicanos pudieran “ganar” el derecho de legalizarse después de haber laborado en el país durante tres o seis años. Kerry adoptó una postura más favorable hacia los migrantes, con una política de “legalización ganada” para migrantes que hubieran vivido, trabajado y pagado impuestos en EE.UU. durante más de cinco años y que hubieran pasado un examen de seguridad; pero, a la vez, la combinó con propuestas agresivas contra los migrantes indocumentados. Ambos candidatos evitaron hablar de migración, salvo en respuesta a preguntas directas, como en el caso del debate del 13 de octubre (cuando contestaron con respuestas breves) o en reuniones con líderes latinos. Mientras los candidatos a la presidencia esquivaron el tema de la migración latina, en parte debido a diferencias dentro de los partidos, el Congreso se negó a avanzar en medidas pro migrantes, incluso en iniciativas que contaban con el apoyo bipartidario (por ejemplo, la ley DREAM y la legislación “AgJobs” que buscaban legalizar el estatus de estudiantes universitarios y trabajadores agrícolas, respectivamente).
Lo anterior dejó paso libre a las voces más abiertamente pro y contra la migración. Mientras que el primer grupo arrancó nuevas campañas (ver más adelante), grupos de vigilantes paramilitares en Arizona se encargaron del control fronterizo. En los meses previos a los comicios, las agencias federales aumentaron sus operaciones de redadas, detenciones y deportaciones. En Washington, en 2003, después de haberse filtrado información sobre la propuesta de la Ley Patriota II, y su fracaso temporal debido a las críticas públicas, el Departamento de Justicia de John Ashcroft introdujo agresivamente (durante 2003-2004) nuevas disposiciones contra migrantes a través de otras medidas legislativas. También propuso la “Ley CLEAR”, que encomendaría a la policía estatal y local funciones de oficiales de migración; esta iniciativa ha recibido oposición de muchas de las fuerzas policíacas en todo el país y sigue siendo altamente polémica en l Congreso.
Una vez concluidas las elecciones de 2004, los debates comenzaron de nuevo en 2005, en un ambiente extremadamente cargado. Además, mientras los senadores Edward Kennedy (demócrata por Massachusets) y John McCain (republicano por Arizona) elaboraban unaley progresista de reforma migratoria, va en aumento el número y la influencia de republicanos con posiciones extremas contra la migración en la Cámara de Representantes. En resumen, el nuevo Congreso ha estado aún más polarizado en cuanto a los temas migratorios, como parte de la tendencia de polarización ideológica creciente en el escenario político de EE.UU. El presidente Bush ha dejado en claro su intención de mantener intacta la Ley Patriota de 2001. Asimismo, apoya nuevas acciones para restringir las libertades civiles, extender la vigilancia de los ciudadanos y limitar más los derechos de los inmigrantes. El reemplazo del Procurador General, John Ashcroft, por Alberto González, no significa una postura más favorable hacia los migrantes y las libertades civiles. Dada su historia, González parece ser un latino con las mismas políticas de seguridad nacional de Ashcroft.
Sin embargo, sería demasiado simplista creer que los republicanos (o los demócratas) estuvieran unidos en el tema de las políticas migratorias. Como indicio de las batallas agrias que se avecinan, hubo fuertes disputas post electorales relacionadas con la reforma de la Inteligencia Nacional y de la Ley de Prevención del Terrorismo de 2004 (supuestamente fundamentadas en las propuestas de la Comisión 9/11) que, hacia finales de 2004, duraron varias semanas, en parte porque las reformas, aunque vinculaban controles migratorios con la seguridad nacional, no fueron suficientemente duras contra los inmigrantes, según algunos republicanos ultra restriccionistas del Congreso. Finalmente, se aprobó la legislación en diciembre, a pesar de sus objeciones. Aunque los estriccionistas recibieron promesas de que se discutirían sus preocupaciones en 2005 –lo cual se dio en 2005, con la ley raconiana “Real I.D.”, –no hay garantía de que ellos apoyarán la iniciativa del Programa guest-worker de Bush. Sin embargo, muchos otros políticos republicanos, algunos vinculados con grupos de interés empresarial que favorecen (y necesitan) mano de obra barata, respaldan el plan de Bush.
En
EE.UU., en los comicios de noviembre, el 56% del electorado de Arizona
apoyó la Proposición 200, que niega los servicios públicos y el voto a
los inmigrantes indocumentados. Como la Proposición 187 de California en
1994, la Proposición 200 enfrenta varios problemas legales y puede que
sea inconstitucional. Sea que se ejecute o no, la iniciativa ha animado
a las fuerzas antimigrantes en toda la nación (la más visible de estas
fuerzas es la Federación para la Reforma Migratoria Americana, FAIR, por
sus siglas en inglés) que trabajan para imponer medidas semejantes en
otros estados. Otros asuntos claves que causarán polémica en los ámbitos
nacional y estatal son el acceso a las licencias de conducir y a las
“matrículas consulares” para los migrantes indocumentados.
Perspectivas sobre el ataque de Huntington
Dentro del ambiente creado por el Estado de seguridad nacional, algunos intelectuales públicos están produciendo discursos culturales racistas contra migrantes. Esto no causa sorpresa cuando el discurso proviene de centros de investigación (think tanks) de Washington, que se autodefinen como restriccionistas; por ejemplo: el Centro de Estudios Migratorios. No obstante, el debate cambió en 2004, cuando Samuel Huntington, el intelectual más conocido de la Universidad de Harvard, publicó su libro y, luego, el capítulo más polémico de éste en la revista Foreign Policy (marzo-abril 2004). Este capítulo sugiere que los inmigrantes mexicanos constituyen “una amenaza” a la unidad e identidad de la sociedad estadounidense. Su argumento central para comprobar la “amenaza” es que muchos de estos inmigrantes todavíahablan español, su lengua materna (más en el hogar, aun cuando estudian y hablan inglés en el trabajo). En otras partes de su trabajo (capítulo 8 del libro), Huntington denuncia la ciudadanía dual como “ajena a la Constitución Americana”, porque, afirma, implica una “lealtad dual” y no una lealtad exclusiva a EE.UU. También ataca a las hometown associations (p. 213), afirmando que “las remesas que salen de EE.UU. no hablan inglés”. En nombre de la defensa de la cultura “angloprotestante” como “la cultura central de América”, frente a las amenazas de la diversidad y la política identitaria (“Identity Politics”) de parte de los migrantes, se evidencia en Huntington la peor forma de la política identitaria: el nativismo estadounidense.
Muchas críticas y argumentos contra Huntington se han basado en estudios empíricos, que muestran, por ejemplo, que no es cierto que los migrantes mexicanos/latinos se nieguen a aprender inglés, que fragmentan la cultura del país, que son insuficientemente patriotas, etcétera. En resumen, el debate se ha desarrollado en el terreno del asimilacionismo (principalmente cultural). En esta discusión, algunas de las críticas se caracterizan por sus posturas notablemente defensivas, enfocándose solamente en la “unidad” de la sociedad estadounidense, sin priorizar también los intereses de los inmigrantes. Por lo tanto, es importante enfatizar la diferencia entre la asimilación y la inclusión de los inmigrantes con derechos políticos. Dado el ambiente xenófobo que reina ahora, no sorprende que los restriccionistas y los asimilacionistas defensivos hayan dominado el debate intelectual en EE.UU. Sin embargo, una lógica muy distinta surge al salir de las fronteras estadounidenses y al adoptar una perspectiva regional (hemisférica). En América Latina, la política estadounidense de seguridad nacional ha provocado muchas críticas, manifestaciones y resistencia en diferentes niveles, incluso el firme rechazo por parte de individuos que siguen migrando. Al considerar a EE.UU. como la zona norteña del continente americano, el tema de la incorporación de los migrantes latinos dentro de la sociedad estadounidense por el camino de la legalización sería un enfoque mucho más realista y estabilizante en relación con los rechazos exclusionistas, racistas y nativistas, que buscan mantenerlos indocumentados, para luego culparlos por ser indocumentados. Desde la perspectiva hemisférica, también es más fácil ver el ataque de Huntington como una postura defensiva para la preservación de la cultura “angloprotestante”. Hay que recordar que la verdadera “cultura central” de EE.UU., como parte de las Américas en el siglo XXI, no es “anglo protestante”sino extremadamente diversa.
Batallas sobre la migración y las elecciones de EE.UU. en 2004
¿Por qué la migración no desaparecerá de la agenda política de EE.UU.?