Ante tal escasez de alimentos básicos (antes y después de Agatha), la alimentación, nutrición y seguridad alimentaria,[1] principalmente de la población del área rural, muestran ya en algunos casos retrocesos y en otros estancamientos. Ante tal panorama no se puede ser muy optimista, sobre todo porque a la fecha el Estado guatemalteco no ha prestado una debida atención a los problemas nutricionales y alimenticios de la población.

Sus acciones han sido más de “apaga fuegos”, lo cual refleja lo precario de sus planteamientos y el desinterés por atender este importante derecho humano: la alimentación. A pesar de que hoy se cuenta con una política en materia de seguridad alimentaria, es evidente que se requiere ir más allá de dicho instrumento, que se requiere de voluntad política.

[1] La seguridad alimentaria, según la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2008), es el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social oportuna y permanentemente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, de preferencia de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa.

Frente a esta situación de desprotección en materia alimentaria para la población guatemalteca, quienes toman las decisiones políticas, no pueden ignorar  que Guatemala por su ubicación geográfica está constantemente expuesta al impacto de fenómenos de origen hidrometereológico, depresiones tropicales y huracanes; que en su territorio, además, convergen tres placas tectónicas.

Con el manejo de dicha información se debería evitar muchos desastres, pues como dice el dicho: “Guerrero avisado no muere en batalla”. No puede ser que a cada paso de tormentas o de fenómenos naturales se produzca una tragedia y se genere un círculo vicioso del pareciera no poder salirse; están en juego vidas humanas, hay un riesgo latente de incrementar no sólo el número de personas  desnutridas, sino también el de la población vulnerable.

Es entonces necesario trascender de “atender emergencias” a planificar para prevenir daños tras el paso de eventos naturales.

Es cierto que los fenómenos naturales son inexorables, pero no es posible que Guatemala continúe llenando bases de datos con cifras de muertos, desaparecidos, daños en la pérdida de cultivos, vivienda, etcétera, y no se defina una estrategia preventiva ante estos fenómenos que, como sabemos, en Guatemala son recurrentes.

No es posible que cada tormenta que atraviesa al país la sumerja en un abismo del que no se pueda salir; debemos recordar que aún se están remediando o “chapuceando” los daños generados por tormentas anteriores (Mitch, Stan).

La ausencia de políticas claras de Estado que planteen un horizonte previsor para la población más afectada, para los que cultivan la tierra para subsistir o comerciar sus productos es imperativa. Urge que el país pueda dar respuesta inmediata y no que tras el paso de cada fenómeno natural se tengan que poner a discutir sobre qué y cómo van a trabajar.

Continúa en la siguente páguina…

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