Guatemala: Emergencia tras emergencia
Virgilio Reyes/Claudia Donis/Sindy Herández
Precisamente, cuando la opinión pública del país se sentía alarmada por las imágenes que los medios de comunicación transmitían sobre los daños causados por los terremotos de Haití y Chile a principios de éste año, y cuando la autoridades gubernamentales organizaban un simulacro para evaluar las capacidades que el país tiene para atender una emergencia de esta magnitud, se manifestaron casi conjuntamente dos fenómenos naturales que al constituirse en amenazas produjeron impactos en la población y en la infraestructura pública del país: la erupción del volcán Pacaya y la tormenta Agatha. Aparte de lo anterior, el país ya venía padeciendo los efectos de otros fenómenos naturales cuyas implicaciones tuvieron efecto no solo en lo ambiental, sino también en los sectores económico y político; entre dichos fenómenos la cianobacteria que cubrió el Lago de Atitlán y las sequías en el denominado corredor seco, que al afectar la producción campesina produjo una emergencia de inseguridad alimentaria.
A lo largo de la historia del país los desastres han sido factores importantes que han provocado cambios en la población y su geografía; por ejemplo, las inundaciones que dieron origen a la reubicación de poblados enteros, como la capital colonial del Guatemala[1] y Petapa[2] , solo por mencionar dos casos de los muchos fenómenos telúricos que han ocurrido a lo largo de la historia. Se sabe, además, de pestes y crisis de hambrunas en diferentes épocas.
[1] Por ejemplo en 1543 cuando se traslada al valle de Panchoy; y en 1773 cuando la ciudad se mueve al Valle de la Virgen
[2] En el siglo XVII.
Salvo la distancia en el tiempo, las diferencias sustanciales entre aquéllos y los eventos actuales, los impactos de los desastres no se corresponden directamente con el crecimiento poblacional en el territorio, sino que obedecen a la continuidad de la desigualdad social en el contexto de un modelo desarrollo que la propicia, motor que ha constituido vulnerabilidades y que, con los efectos del cambio climático, desnudan aún más las situaciones sociales, las debilidades del Estado para responder ante este escenario y una réplica de ineficiencias en las inversiones en infraestructura pública. Es la conjugación de estas variables lo que da sentido para argumentar que los desastres no son naturales.
En los últimos doce años, la mayoría de eventos que han dado origen a desastres son los relacionados con fenómenos hidrometerológicos: En 1998 el huracán Mitch afectó a la región centroamericana provocando en Guatemala daños valorados en 747.8 millones de dólares. El fenómeno que causó mayores daños a nivel global en el país fue la tormenta tropical Stan, que dejó 910.1 millones en pérdidas (IARNA, PAG.196)[1]. Por su parte, la tormenta Agatha, según datos oficiales, dejó como saldo 79,535 damnificados; entre éstos: 172 personas fallecidas y 101 desaparecidos. Unas 38,000 viviendas fueron afectadas, con un costo de reconstrucción entre 650 y 1 mil millones de dólares[2]. Dichas cifras superan a las provocadas por los fenómenos anteriormente mencionados.[3]
[1] MARN-URL/IARNA-PNUMA. 2009. Informe Ambiental del Estado –GEO Guatemala 2009. Guatemala. 286 pp.
[2] Misión unificará cifras de daños con el gobierno, Prensa Libre, 22 de junio de 2010 pág. 3.
[3] Indefensos ante las tragedias, Prensa Libre, 6 de junio de 2010 pág. 3.
Para atender la demanda social y recuperar la infraestructura pública el gobierno de Álvaro Colom creó el Plan de recuperación y reconstrucción con transformación, instrumento de respuesta a la emergencia, que contiene cuatro ejes: el primero se relaciona con la asistencia humanitaria y medios de vida, lo cual significa restablecer las condiciones mínimas para que la población sobreviva y pueda movilizarse; podría decirse que éste es un paso inicial y fundamental dentro del plan. El segundo eje, relacionado con la reactivación económica, está enfocado al desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Su enfoque se orienta hacia la dotación de insumos y la recuperación productiva que sigue la coyuntura de la emergencia. Sin embargo, si se sabe que el sector más afectadas con la ocurrencia de las amenazas naturales es la población pobre y rural, la atención a este sector requiere también de apoyos normativos, financieros e institucionales, que les permita salir del estado de emergencia para entrar en la senda del desarrollo seguro. Resulta contradictorio que Guatemala aún no cuente con una Ley de desarrollo rural que pueda proporcionar soporte a las actividades productivas de la población rural y así disminuir en el corto y mediano plazo las distintas vulnerabilidades que dicho sector ha presentado históricamente.
El tercer eje del Plan se refiere a la adaptación y mitigación del cambio climático, y ha sido definido como el mejoramiento de la capacidad social de respuesta ante la amenaza y riesgos que genera el cambio climático. Pese a la orientación del eje, los componentes son temáticos y como grandes rubros son bastante ambiciosos; como ejemplos: el ordenamiento territorial, la gestión integral de riesgo y la gestión ambiental. Aunque es vox populi que los contenidos de estos componentes son estratégicos y, finalmente, el motor del desarrollo del país, también se sabe que están afectados por problemáticas estructurales, por lo cual no se les da la atención adecuada, provocando con ello presiones sociales y económicas en las cuencas hidrográficas, en áreas protegidas y en la cobertura forestal. Paradójicamente, los entes públicos responsables de este sector, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Instituto Nacional de Bosques, son instituciones financieramente débiles, que requieren de mayor apoyo político.
Profesores e investigadores eméritos
flacso-GUATEMALA
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Secretario general de flacso
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San José, Costa Rica
Consejo académico de flacso-guatemala
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