Diálogo 38 Extraordinario: Islas Malvinas, El reclamo de la historia

diálogo 38 Extraordinario      Guatemala 1 de abril 2012

Presentación

A 30 años de la Guerra de las Malvinas, la controversia territorial continúa. La hermana  República de la Argentina reclama la soberanía del archipiélago y ha iniciado una campaña a nivel mundial para que el Reino Unido acepte iniciar negociaciones para darle una solución pacífica al diferendo. Múltiples instancias internacionales, como el Comité Especial de Descolonización de la ONU, y regionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), han llamado a ambos países a iniciar conversaciones, respaldando de esta forma la iniciativa del gobierno argentino de Cristina Fernández. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, Sede Académica Guatemala, muestra su solidaridad con la demanda de diálogo, ofreciendo en esta entrega de un número extraordinario de nuestro suplemento diálogo un conjunto de análisis e interpretaciones que seguramente ayudarán a nuestros lectores a sacar sus propias conclusiones.


Islas Malvinas. La solidaridad de Uruguay con el reclamo argentino

Julián González Guyer ([1])

Días antes de la XLII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, celebrada en Montevideo en diciembre de 2011, el gobierno uruguayo del presidente José “Pepe” Mujica tomó la iniciativa: ningún buque con bandera de las Falkland Islands podría ingresar a puertos uruguayos. Un enfático agradecimiento de la presidenta argentina, Cristina Kirchner, el pedido de explicaciones del Foreign Office británico y la ratificación del respaldo de los Presidentes del MERCOSUR al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, fueron los impactos más notorios de la decisión uruguaya. El gesto del presidente Mujica, empero, levantó también voces de protesta en España, acompañadas por algún sector empresarial uruguayo y le mereció que fracciones políticas de oposición lo acusaran de servilismo respecto al gobierno argentino. En efecto, una veintena de buques españoles con bandera de conveniencia de Malvinas, vieron afectadas sus actividades por la medida gubernamental y deberán buscar una base alternativa al puerto de Montevideo para continuar explotando sus permisos de pesca en las contestadas aguas de las islas. Así, el costo del gesto presidencial, si se atiende a las versiones de prensa publicadas en Uruguay, ascendería a unos 200 millones de dólares anuales (pago de tasas y servicios portuarios y abastecimiento y servicios prestados a las embarcaciones y sus tripulaciones, etc.)

A partir de la guerra que enfrentó a argentinos y británicos por el control de las Islas en 1982, de manera periódica las autoridades uruguayas deben negar el permiso de ingreso a puerto para algún buque de la Marina Real británica en tránsito hacia las Malvinas. El evento se repite con regularidad, casi matemática, cada vez que un nuevo Ministro de Defensa Nacional asume funciones en el gobierno uruguayo.

Para calibrar la postura del gobierno uruguayo, que responde a principios tradicionales de su política exterior y a sus intereses en tanto país ribereño del Atlántico Sur, debe examinarse el contexto malvinense, además de su compleja agenda bilateral con Argentina. La existencia del enclave colonial en la plataforma continental sudamericana representa en sí mismo un anacronismo odioso. Se mantiene en el marco de un despliegue militar británico llamativo y potencialmente peligroso en una región declarada Zona de Paz y Libre de Armas de Destrucción en Masa por los gobiernos del MERCOSUR, más Bolivia y Chile (Declaración de Ushaia, 1999). El sistema de bases militares del Reino Unido en el área no tiene parangón; incluye las islas de Ascensión, la de Santa Helena, las Islas Tristán Da Cunha, las Georgias y Sandwich del Sur, sus bases en la Antártida y en las propias Islas Malvinas, apoyado en un sistema de radares y de comunicaciones a todas luces desproporcionado. Además, debe tomarse en cuenta que, según el Military Balance 2012, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) de Londres, Gran Bretaña, posee una dotación militar de más de mil hombres acantonados en Malvinas, una flota naval encabezada por  uno de sus buques más modernos –el destructor misilístico HMS Dauntless– y una escuadrilla de caza-bombarderos de última generación, del tipo Eurofighter Typhoon. El envío de un submarino con capacidad de transporte de armas nucleares a la zona agrega un elemento que es también observado con aprehensión por los gobiernos sudamericanos.

La supervivencia de este anacrónico sistema de enclaves militares en el Atlántico Sur, un legado del antiguo poderío naval del Imperio Británico, confiere a Londres cierta capacidad de control de esta estratégica región que incluye las vías de comunicación interoceánicas al Sur de África y de Sudamérica. Aunque no pueda ser considerado una amenaza directa contra Uruguay, la presencia militar británica se ubica en un área de interés económico y de responsabilidad política compartidos con sus vecinos sudamericanos y africanos. Ella no podría tampoco separarse de la “cuestión antártica”; última reserva biológica y geológica intocada del globo. La presencia militar británica en el Atlántico Sur constituye a todas luces un esfuerzo logístico y económico desmesurado para la realidad  actual del viejo Imperio. Su racionalidad sólo se justifica en el contexto de la OTAN y podría traducirse en capacidades bélicas reales únicamente con el apoyo de EEUU[2].

Sin embargo, otras cuestiones deben ser evocadas para comprender en toda su significación el gesto del gobierno uruguayo al encabezar la solidaridad sudamericana con Argentina respecto a la “cuestión Malvinas”. En efecto, la relación de Uruguay con Malvinas es de muy larga data. Se remonta al siglo XVII cuando las islas integraban la jurisdicción del Apostadero Naval de la Corona Española instalado en Montevideo. El puerto de Montevideo no sólo ha sido punto de escala y abastecimiento de las flotas pesqueras que operan en el costado occidental del Atlántico Sur y para el tránsito marítimo entre las Islas Malvinas y el hemisferio norte. También ha representado desde siempre una de las referencias continentales para los habitantes de las Islas[3].

Así, el decidido apoyo que el gobierno uruguayo presta a la Argentina en su ofensiva diplomática para lograr la apertura de negociaciones con Londres sobre la soberanía de las Islas Malvinas, debe ser valorado en sus justos términos. Cuando el Presidente Mujica cerró los puertos uruguayos para las embarcaciones con banderas de las Islas lo decidió a sabiendas de que esto supone costos concretos para el país en el plano económico y de que la agenda bilateral con Argentina está muy lejos de proporcionarle satisfacciones.[4] Privilegió, sin embargo, un histórico criterio de solidaridad con el vecino, así como el compromiso de trabajar por la paz y por la unidad tanto mercosuriana cuanto sudamericana.


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[1] (*) Profesor/investigador de la Universidad de la República, Uruguay

[2] Gran Bretaña, en el marco de los recortes de su presupuesto ha dispuesto desactivar el portaaviones Ark Royal y su flota de 70 aviones Harrier. Ello limita sus posibilidades de proyección de fuerzas militares en zonas lejanas como el Atlántico Sur

[3] El Hospital Británico de Montevideo ha sido, durante sus 150 años de historia, una referencia para la atención sanitaria de los habitantes de las Malvinas.

[4] Las limitaciones que Argentina ha impuesto a sus importaciones impactan negativamente en Uruguay. Además, Buenos Aires mantiene congeladas diversas negociaciones que permitirían a Uruguay mejorar sus infraestructuras portuarias y su abastecimiento energético.

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