¿QUÉ DERECHOS POLÍTICOS TENEMOS LOS GUATEMALTECOS?

La Constitución Política de la República expresa en relación con la ciudadanía, que son ciudadanos todos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tienen más limitaciones que las que se establecen en la Constitución y la ley.

El texto fundamental, en su artículo136, establece que son derechos y deberes de los ciudadanos:

• Inscribirse en el Registro de Ciudadanos;

• Elegir y ser electo;

• Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral;

• Optar a cargos públicos;

• Participar en actividades políticas; y

• Defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la Presidencia de la República.

El derecho de petición en materia política se encuentra contemplado en la ley fundamental, en donde se establece que ese derecho corresponde exclusivamente a los guatemaltecos y las solicitudes que se hagan deben ser resueltas y notificadas en un término que no exceda de ocho días. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley.

La Constitución Política de la República, en su artículo 223, preceptúa que el “Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas, las que sólo tendrán las limitaciones que ese mismo texto fundamental y la ley determinen.” En la misma disposición se ordena que todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades, órganos y proceso electoral, será regulado por la ley constitucional de la materia. En el último párrafo, producto de la reforma constitucional de 1994, se preceptúa que posterior a “la convocatoria de elecciones, el Presidente de la República, funcionarios del Organismo Ejecutivo, alcaldes y funcionarios municipales, no pueden hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas.”

La ley de la materia es la denominada Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEYPP), contenida en el Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, normativa que fue reformada por el Congreso de la República en los años 2004 y 2007, mediante los decretos legislativos 10-04 y 35-06, derivado del proceso de reforma electoral que se impulsó posteriormente a la suscripción de los Acuerdos de Paz; pese a que con los cambios no se cumplieron totalmente las recomendaciones planteadas hace ya más de una década por la Comisión de Reforma Electoral, los cambios que se introdujeron fueron de notable significación.

La normativa específica desarrolla en su libro primero lo vinculado con la ciudadanía y voto; en el segundo las organizaciones políticas; el tercero lo dedica a las autoridades y procesos electorales; y el último –cuarto- al proceso electoral.

Las normas jurídicas básicas que establecen los derechos y garantías de los actores del sistema político del país, y que regulan los procedimientos vinculados con la elección de los miembros de los órganos representativos, se encuentran en la propia Constitución y la ley de la materia; sin embargo, la producción, interpretación y aplicación del Derecho electoral responde a un sistema complejo de fuentes, ya que ese sistema incluye, desde la perspectiva del moderno constitucionalismo, instrumentos y tratados internacionales, como lo son la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aceptados por Guatemala, entre otros textos de ese orden, a los que se les asigna fuerza normativa. Pero además, desde otra óptica, también son fuente del Derecho electoral las leyes ordinarias, como los reglamentos proferidos por la autoridad electoral; y es que no debe soslayarse el hecho que el Derecho es un fenómeno vivo, dinámico, que continuamente se debe adecuar a las condiciones cambiantes de la sociedad, pero sin olvidar los anhelos de ésta y que para el área electoral se intentó sintetizarlos en un proceso que se caracterice por lo señalado al principio.

Cada ejercicio electoral es una nueva oportunidad para plantear interrogantes sobre la eficacia de las normas –de todo tipo– para cumplir con los objetivos constitucionales, como la eficiencia de las instituciones involucradas en el proceso de planificación y organización de las elecciones, ya que de la conjugación de esos aspectos dependerá, a la postre, la legitimación que tengan quienes resulten electos ante la nación. Si las reglas, procedimientos e instituciones asociadas al área electoral no llegan a alcanzar aceptación dentro de la ciudadanía, puestas a prueba durante el proceso electoral, la preocupación deja de ser tal, para constituirse en tragedia, que es lo que se debe evitar, mediante el abordaje inteligente y racional de los aspectos eleccionarios. Por ahora, los retos torales vienen a ser la conformación del padrón a utilizarse en el evento, efectiva participación de la ciudadanía a través de los partidos políticos y problemas que puede llevar la aplicación de los nuevos delitos y faltas electorales. Lo que se intenta con esta legislación es asegurar el pleno ejercicio de los derechos políticos en el seno del Estado, colocando al ciudadano no en su oposición, sino en forma tal que lo habilite a tomar parte de la estructuración política de la sociedad.

Comments (1)

 

  1. luisa says:

    k buen trabajo