Diálogo 49 LA MIGRACIÓN Y SUS SECUELAS

Diálogo 49               Guatemala 25 de noviembre de 2012

El caso de San José Calderas en Chimaltenango[1]

Julia González Deras[2]


La pobreza y la violencia expulsan

La aldea de San José Calderas[3] es uno de tantos lugares donde la pobreza, la falta de oportunidades y la inseguridad, han provocado la migración en condiciones irregulares[4] de mujeres, hombres y niños.

Calderas pertenece al departamento de Chimaltenango y en éste el 66 % de la población vive en condiciones de pobreza. Ello permite inferir que las oportunidades de alcanzar el bienestar y desarrollo humano no se encuentran en las cercanías para los habitantes de esta comunidad. Puede pensarse que no es un problema de falta de iniciativas sino un contexto que refuerza la pobreza.

Con viviendas de mala calidad, índice elevado de analfabetismo, con baja escolaridad, con una tasa de ocupación de 22 %, con pocas oportunidades de empleo –temporales y concentradas en la agricultura–; con una población juvenil numerosa – más de la mitad de los habitantes con menos de 20 años de edad–, San José Calderas reúne las características de los lugares que expulsan población en busca de mejorar su situación presente, no digamos su futuro.

El departamento de Chimaltenango, al que pertenece San José Calderas es considerado de “alto riesgo” por la presencia del crimen organizado y maras. Altos índices de violencia contra niños, niñas y jóvenes desaparecidos, que se presume víctimas de explotación sexual y/o laboral, así como reclutados para el sicariato, son un tema que alarma a la población y a las autoridades. (La Hora, 2012, pág. 8).

La Procuraduría de los Derechos Humanos en su “Informe de situación sobre trata de personas en Guatemala, 2011”, ha identificado a Chimaltenango como un departamento con problemas de seguridad pública, debido a la incursión del crimen organizado y por formar parte del corredor migratorio. (Procuraduría de los Derechos Humanos. Unidad para la Prevención de Trata de Personas, 2012, pág. 8).

El director del Refugio para la Niñez, señala que por su ubicación geográfica, Chimaltenango es un paso importante hacia la frontera de México; y rumbo a Tapachula, todas las rutas de paso se convierten en zonas rojas. (La Hora, 2012, pág. 8).

Tomar la iniciativa en ese contexto es decidirse a emprender el viaje hacia un lugar donde se sabe que otros hallaron trabajo, sorteando los peligros por las condiciones en que éste se hace para llegar al Norte.

Con la deportación termina el “sueño americano”

El aumento en las deportaciones puede comprenderse mejor por la Operación “Termina el Juego”, que es parte de una estrategia integral del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América –DHS- (por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos -ICE,[5] y la Patrulla Fronteriza.

El tema de las migraciones de retorno forzado,[6] las deportaciones y devoluciones,[7] es uno de los aspectos de la migración internacional con implicaciones directas para las y los migrantes guatemaltecos, así como para sus familias y comunidades de origen.

El drástico aumento de las deportaciones se evidencia con la simple comparación entre los primeros diez meses de este año, cuando fueron deportados vía aérea en total 34,029 migrantes guatemaltecos, y el mismo periodo en el 2011, en el que fueron deportados 25,534. Con una diferencia de 8,495 hombres, mujeres y menores más que en el mismo período para el año anterior. Esto representa una variación del 33 %. A octubre del 2012, han llegado deportados 3,174 personas más que el total de deportados hasta diciembre en el 2011 (Dirección General de Migración de Guatemala, 2012).

En el contexto del reforzamiento de las políticas de deportación se dieron las operaciones de redadas en los centros de trabajo dirigidas a trabajadores indocumentados y acusados de robo de identidad, tal como sucedió en la empresa Agriprocessors Inc., en Postville, Iowa, el lunes 12 de mayo de 2008, cuando en un operativo con alrededor de 900 agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas, se ejecutó una redada. Camayd-Freixas, quien estuvo presente duran te el proceso judicial como intérprete certificado, relata de manera detallada las anomalías e injusticias cometidas (Camayd-Freixas, 2009, pág. 19 y 20).

Más allá de estas leyes y procedimientos, la forma en que vivieron la deportación los hombres y mujeres de San José Calderas, detenidos en esta redada, evidencia la máxima vulnerabilidad y sistemática violación a sus derechos humanos, así como la afectación de su salud física y mental, entre otras consecuencias inmediatas. Ellas y ellos han regresado a su comunidad de origen, San José Calderas, pero las condiciones que los expulsaron de su país de origen no solo continúan sino que se han agudizado.

El contexto del retorno forzado

Las categorías más utilizadas para referirse a la condición de la población deportada hacen referencia a una posición de vulnerabilidad emocional y económica. Enfrentan importantes obstáculos para su reintegración en el país: limitadas oportunidades de empleo, dificultades en la revalidación de estudios hechos en el país de destino, acceso restringido a los servicios sociales, a créditos, problemas psicosociales relacionados con el desarraigo y el retorno forzado, y la falta de información sobre sus derechos legales (Grupo Articulador de Sociedad Civil en Materia Migratoria para Guatemala, 2011), así como dificultades para encontrar trabajo por carecer, en algunos casos, de documentos de identidad.

A la ausencia de políticas y programas que apoyen la reintegración económica, social y cultural, como parte de una política migratoria integral de Estado, se suma la falta de visión y voluntad política para modificar las causas estructurales que provocan la mayor parte de las migraciones internacionales. Las mujeres y hombres deportados en San José Calderas, coinciden en señalar que la situación actual en la comunidad es difícil, no hay trabajo y se sienten solos para enfrentar su reintegración; además, están inmersos en un contexto de inseguridad y violencia.

Se enfatizan las dificultades para que los hijos estudien; y la falta el acceso a una adecuada alimentación y atención médica. Ahora, después de la experiencia de haber vivido en Estados Unidos, parece inevitable que hagan comparaciones con las oportunidades que tenían allá y las que encuentran a su regreso.

Ante las dificultades para una reintegración en condiciones dignas, la falta de oportunidades y las deudas contraídas para viajar, en ocasiones volver a migrar pareciera ser la única opción, porque “la aspiración a una vida mejor, es un derecho humano que en Guatemala se enfrenta a un entorno de pobreza, desempleo, falta de vivienda, bajos niveles de asistencia y rendimiento escolar.” (Defensoría de Población Desarraigada y Migrante-PDH, 2009).

Los procesos de deportación han impactado en quienes los han sufrido, su familia y en general en las comunidades receptoras de quienes han regresado de manera forzada. Una de las consecuencias directas ha sido la drástica interrupción en la recepción de las remesas monetarias, situación que pone en mayor riesgo a las familias de los y las migrantes retornados y a ellos mismos, quienes por este medio sostenían la economía familiar y generaban eventualmente empleos informales y temporales para quienes se quedaron en San José Calderas y otras comunidades cercanas.

Al migrar de manera irregular, han recurrido a “los servicios” de los “coyotes”, las condiciones del viaje posibilitan violaciones a los derechos humanos, incluso el riesgo de perder la vida. Para pagarles[8] adquirieron préstamos en el sistema bancario o a través de prestamistas particulares. Como garantía, tuvieron que dar las escrituras de terrenos o casa propia, con el riesgo de perderlos ahora que regresan, porque pese a las capacidades que pudieran adquirirse en el país de destino, los bajos niveles de escolaridad o el analfabetismo han influido en la dificultad para obtener trabajo después de la deportación (González Deras, 2012). El tiempo que vivieron en Estados Unidos fue dedicado a trabajar, y sobre la posibilidad de acceder a estudios solamente se privilegió a los hijos menores que migraron con los padres o los nacidos en aquél país.

Los salarios devengados en Estados Unidos fueron utilizados básicamente en tres cosas: resolver necesidades inmediatas de los migrantes y sus familiares en el país de destino; pagar la deuda del costo del viaje; y enviar dinero a la familia que se quedó en Guatemala. En Calderas, las remesas monetarias fueron utilizadas para mejoras en la vivienda, el acceso a servicios básicos y mejorar la calidad de la alimentación. Actualmente la mayoría de deportadas y deportados están desempleados, el trabajo temporal o informal, y la agricultura de subsistencia han sido los únicos mecanismos a su alcance para la sobrevivencia.

Además de los indicadores de violencia en el departamento de Chimaltenango, algunas formas de violencia se ejercen directamente sobre quienes han regresado deportados, ya que en algunos casos se les criminaliza y discrimina. En general, existen estereotipos y estigmas creados alrededor de la población deportada, lo que ha contribuido a que se les vea como delincuentes y disminuyan las oportunidades de empleo. También se señalan de manera reiterada en las entrevistas hechos dirigidos a población deportada: secuestros, extorsiones y asesinatos; porque se cree que todos los deportados “traen dólares”.

Lecciones para un nuevo camino

La atención a la problemática derivada de las migraciones por parte del Estado de Guatemala ha carecido de un enfoque estratégico, integral y fundamentalmente de una política pública que tome en cuenta que somos además de un país de origen, tránsito y destino, también un país de retorno; y que identifique la necesaria relación entre retorno asistido y reintegración.

Pese a lo anterior, la frustración de haber regresado no por decisión propia y las condiciones de pobreza e inseguridad en su comunidad de origen, quienes han regresado forzados no han permanecido pasivos. Varios de los deportados de Postville y familiares, se han organizado; inicialmente en un comité que aglutinó

a personas de varias comunidades. Luego se conformaron tres asociaciones, una en Calderas, otra en Patzún (ambos municipios del departamento de Chimaltenango), y finalmente en San Miguel Dueñas (departamento de Sacatepéquez). Públicamente se han pronunciado algunos líderes comunitarios, demandando del Estado apoyo para su reintegración en condiciones dignas.

Además, han aceptado y participado, de alguna manera, en procesos que pretenden comprender algunas de las particularidades de la migración de retorno; así como reconstruir su historia y la memoria de esta migración de ida y vuelta, entendida como un proceso; y lo han hecho de manera crítica. Baste con señalar la participación en el documental “AbUSAdos” y en diversas investigaciones sociales.[9]

Algunas mujeres deportadas consideran que ahora son más fuertes por el hecho de haber sido capaces de tomar la decisión de migrar y haberlo hecho; además, la experiencia de trabajar y generar ingresos para la economía familiar ha sido importante.

El capital social del migrante y la existencia de redes sociales de apoyo en los lugares de destino han evidenciado las posibilidades de éxito de la migración e inserción; cabría preguntarse si la migración de retorno cuenta con las mismas posibilidades de apoyo para potenciar la reintegración en los lugares de origen. Aún más, preguntarnos si la experiencia acumulada, individual, familiar y organizativa, facilitarían la migración de retorno, voluntaria o forzada.

Bibliografía

Bezarez, Patricia (2009), Diagnóstico sobre la situación de guatemaltecos deportados. Guatemala:

ECO PRINTER.

Camayd-Freixa, Erik (2009), Postville: La criminalización de los migrantes. Cuadernos del Presente

Imperfecto No. 8. Guatemal: F & G.

Defensoría de Población Desarraigada y Migrante-PDH (2009), Conclusiones de la Mesa de Trabajo

de Población Migrante. Guatemala.

Dirección General de Migración de Guatemala (16 de noviembre de 2012), migracion.gob.gt. Recuperado el 17 de noviembre de 2012, de migracion.gob.gt: http:// www.migracion.gob.gt/index.php/descargas/category/18-estadisticasmigratorias-estadisticas-2012.html

González Deras, Julia (2012), Construcción y deconstrucción del imaginario de la migración entre mujeres migrantes deportadas. SanJosé Calderas, Chimaltenango, Guatemala. En: Viejas y Nuevas Migraciones del Sur de México. México (en proceso de edición).

Grupo Articulador de Sociedad Civil en Materia Migratoria para Guatemala (2011), Migraciones: un compromiso de Estado. Guatemala, 2012-2016. Guatemala: spi.

La Hora (3 de septiembre de 2012), La desaparición de 35 menores de edad alarma en Chimaltenango, pág. 8.

Procuraduría de los Derechos Humanos. Unidad para la Prevención de Trata de Personas. (2012). Informe de Situación sobre la Trata de Personas en Guatemala, 2011. Guatemala: spi.

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[1] Este artículo es parte de una investigación en proceso, sobre la organización social como una estrategia para enfrentar el retorno forzado.

[2] Investigadora del Área de estudios de pobrezay migración de flacso-Guatemala.

[3] San José Calderas pertenece al municipio de San Andrés Itzapa, departamento de Chimaltenango, se encuentra en el valle del Volcán de Acatenango, a 9 kilómetros de la cabecera municipal y a 65 kilómetros de la ciudad de Guatemala

[4] 4 El uso del término “ilegal” no lo compartimos, por la carga peyorativa, deshumanizada y de estigmatización que conlleva para las personas migrantes, considerándolas en los países de tránsito y destino como sujetos al margen de la ley y sin derechos, por lo que se les criminaliza y persigue. En este sentido, preferimos utilizar la categoría de “migrante irregular” o “migrante en situación irregular”, para referirnos a los migrantes que infringen las normas de admisión en el país de tránsito o el de destino, para residir o trabajar en él en un período determinado de tiempo.

[5] Esta estrategia fue desarrollada en el 2003 para detener y expulsar a todos los inmigrantes no autorizados para el 2012,

reestructurando y ampliando el sistema de aprehensión en el interior de Estados Unidos; además, construyendo redes para hacer cumplir a los empleadores con la Ley de Inmigración.

[6] Hay otros tipos de migración de retorno: transgeneracional, voluntaria, de trabajadores temporales, y repatriación, entre

otros.

[7] Las devoluciones se dan cuando los migrantes irregulares son detenidos en una frontera o puntos de internación cercanos a ésta, y de manera forzada son regresados a su país de origen por las autoridades migratorias, sin mediar proceso judicial; como sucede con los guatemaltecos devueltos por autoridades migratorias mexicanas.

[8] Los costos del viaje están alrededor de los 43 mil quetzales por jóvenes o adultos y 30 mil cuando se trata de niños o niñas, que viajan solos o acompañados.

[9] Un estudio realizado por menamig en 2009 “Diagnóstico de la situación de guatemaltecos deportados” (Bezarez, 2009). La

investigación de flacso-Guatemala, “La construcción y deconstrucción del imaginario de la migración y el retorno entre mujeres migrantes deportadas”, En: “Viejas y Nuevas Migraciones del Sur de México, Centroamérica y el Caribe.” (González Deras, 2012). Durante el 2012, dos investigaciones más de flacso están en curso, una de ellas sobre la organización social como una estrategia para enfrentar la reintegración (González Deras, Julia); y el impacto en la salud mental de los deportados (Tobar, Anneliza).

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